Bienvenidos a Tucumán, la provincia donde la palabra «Justicia» no es más que un rótulo vacío pegado en la puerta de una oficina de protección corporativa. Si usted busca a la justicia aquí, no la va a encontrar; lo que va a hallar es un velorio en toda regla, un mausoleo donde los derechos de las víctimas son enterrados sistemáticamente bajo toneladas de desidia institucional.
¿Se acuerdan de la película de Campanella, esa donde el asesino Isidoro Gómez encontraba refugio en los oscuros pasillos del poder? Bueno, en Tucumán la ficción se quedó corta, pálida y sin gracia. Aquí, los «Gómez» tienen nombre, apellido y, lo más importante, amigos con despacho en la Corte.
La maquinaria de la impunidad: Corte Suprema Leiva, Posse, Sbadar, estofan y Rodríguez Campos.
Esta maquinaria de desidia tiene dos arquitectos principales, dos ingenieros del olvido: Daniel Leiva, en la Corte Suprema, y Edmundo Jiménez, en el Ministerio Público Fiscal. Son ellos quienes, con la precisión de un cirujano que opera en la oscuridad, garantizan que el poder sea intocable.
La última «proeza» de esta ceguera voluntaria ocurrió este mismo 7 de julio de 2026. La Corte, con las firmas de Antonio Estofan, Daniel Posse y Daniel Leiva, decidió anular la condena contra Franco Trapani y Álvaro Rodríguez por abuso sexual con acceso carnal agravado. ¿La excusa? El «beneficio de la duda». No se engañen: no es un error, es una decisión política. Descalifican el testimonio de la víctima, ignoran el trauma y prefieren tirar por la borda condenas de 10 y 8 años antes que ver a un poderoso tras las rejas. El abogado de la querella Carlos Garmendia.
En cuanto al próximo Juicio por abuso sexuales el que deberá enfrentar Rodolfo Tercero Burgos Profesor de Derecho Constitucional de la UNT. Habrá que esperar a que resultado arriba la justicia, que viene propinando reveces en materia de violencia de género y en NNYA.
Los Garmendia una familia judicial
En Tucumán, el Estado es un botín privado. Tenemos el caso de Guillermo Garmendia, director de la OGA, denunciado por su propia hija por abuso sexual. ¿Su protección? El hermano, Andrés Garmendia el relator de Daniel Leiva, ese «monje negro» que viaja por el mundo con la plata de los tucumanos mientras permite que el denunciado siga ocupando despachos que deberían juzgarlo. A este nudo se suma el familiar Carlos Garmendia, abogado de la querella y también parte del clan, cuyo nombre también figura como querellante de Érika Antonella Álvarez, donde la desidia llegó al extremo de no investigar a quienes estaban en la escena del crimen, hay una persona que entro y nuca salió y nadie dice nada. Si a eso le sumamos la participación del crimen de Justina Gordillo, la secretaria de la Corte y amiga de Andrés Garmendia, – aún hoy empleada de tribunales pese a estar sospechada de delitos como proxenetismo-, podríamos pensar que, efectivamente, todo quedaría en familia y la historia del juicio ya sabemos cómo podría finalizar.
El clan Valenzuela. Prensa, silencio y el desprecio por su propia sobrina.
Esta red no es solo judicial; es mediática. Hay personajes nefastos que utilizan la pauta publicitaria —pagada por todos los tucumanos— en diarios digitales como eltucumano.com para borrar nombres y ocultar abusos. Es el caso de la propia familia Valenzuela, propietaria del medio, donde el dolor de una sobrina abusada no encontró amparo en un laberinto burocrático diseñado para el fracaso. El tío Julio Valenzuela colaboro encubriendo a su hermano Jorge Valenzuela en perjuicio de su propia sobrina.
Casos como el de Paola Tacacho nos recuerdan que, bajo la gestión de Jiménez, Leiva y Claudia Sbdar, la impunidad es una política de Estado para las mujeres tucumanas.
En Tucumán, el abuso es el único delito que se prefiere enterrar bien profundo, bajo toneladas de archivos y un silencio cómplice que ya apesta a podrido.
