La decisión de la Legislatura de aprobar un proyecto para desafectar una calle pública y que quede dentro del predio de un country generó el rechazo de sectores académicos y de la oposición, así lo reveló el periodista Martín Soto publicado en La Gaceta. La iniciativa, impulsada por el legislador Mario Leito, elimina una traza de 650 metros de largo por 10 de ancho entre San Pablo y El Manantial.
Las urbanistas Marta Casares y María Paula Llomparte Frenzel desaconsejaron la promulgación de la norma. Casares advirtió que la medida expresa una «debilidad recurrente del modelo de gestión urbana», donde «la planificación pública llega tarde, negocia y/o convalida hechos consumados». Llomparte Frenzel señaló que ceder la calle podría «consolidar nuevas barreras físicas y funcionales, profundizando procesos de fragmentación no solo espacial sino también social».
Ambas alertaron que se priorizan intereses privados sobre el bienestar colectivo.
En el ámbito legislativo, el debate expuso fuertes críticas a la forma en que se consiguió la aprobación. El vicepresidente de la Legislatura, Alfredo Toscano, denunció que la empresa desarrolladora, perteneciente al Grupo Lucci, utilizó a 80 familias de Ohuanta como rehenes para presionar por la calle.
Toscano citó textualmente las condiciones de la firma para evitar el desalojo de los vecinos: «Hay un privado usufructuando tierras públicas y hoy lo quiero decir con todas las letras: ‘Si ustedes no me dan esto, yo corro a la gente’». En ese sentido, el parlamentario concluyó que la situación fue una extorsión:
«En mi barrio se diría que nos están apretando a partir de una necesidad».
Por su parte, el legislador opositor Manuel Courel alertó que la zona crece sin control estatal y que se está cerrando «de una vez y para siempre la posibilidad de que se abra una calle, con el agravante de que ahí hay una escuela». Además, indicó que esa sería la única vía de escape a lo largo de casi 2,5 kilómetros de barrios privados. El legislador Carlos Verón Guerra sumó que se cedió ante la «ambición de los desarrolladores inmobiliarios» y advirtió: «Urbanísticamente vamos a asesinar una zona».
Para defender el proyecto, Leito argumentó que las 80 familias se verían beneficiadas porque podrían regularizar sus tierras mediante un convenio con la empresa Citrusvil.
Sin embargo, el artículo de Soto señala que ese convenio para ceder terrenos como contraprestación no figura en el proyecto aprobado ni ha sido rubricado. Ante esto, Casares concluyó que la norma convierte «una reserva vial estratégica en moneda de cambio que no está claramente definida».
