Tucumán, capital nacional de la censura previa.

El debate existencial sobre qué significa ejercer la libre expresión no puede reducirse al dilema del algorítmico de las redes sociales. En Tucumán, de manera alarmante y en menos de un año (2025-2026), la tensión entre el poder y la palabra ha mutado hacia un esquema institucionalizado y asfixiante.
Autora – Dra. Myriam Costilla Duyck

…Dicen que en Tucumán el aire no corre, se estanca como el agua en los bajos, y que los hombres han aprendido a hablar bajito, no sea que el viento lleve el chisme a oídos que no debe…

Aquí donde los cerros tucumanos se levantan como paredes de piedra y olvido, las libertades han cambiado para volverse purita asfixia.

En apenas un año, entre el desgano de 2025 y este letargo de 2026, el poder le ha ido quitando las palabras a la gente. Ya no les basta con amansar los diarios quitándoles el sustento de la pauta oficial; ahora usan las mismas leyes de la república, los mismos tribunales que debían traer justicia, para sembrar un silencio de camposanto. Y lo hacen con una sonrisa deslavada, diciendo que es por el bien de las instituciones. Puras promesas de vivos.

El «Caso Pedro García» como Síntoma del Control Total.

Es en este preciso pliegue de la realidad donde cobra una centralidad absoluta e insoslayable el ataque perpetrado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse contra el periodista Pedro García. Este episodio no debe leerse como un mero conflicto interpersonal o un exabrupto aislado de la coyuntura local; representa, en términos estrictamente teóricos, el eje matriz y la puesta en marcha de un dispositivo de censura ejecutado desde las estructuras del poder político. El «Caso García» es el espejo que refleja la mutación de Tucumán hacia un esquema institucionalizado y asfixiante, erigiéndose hoy como el paradigma de la resistencia periodística en la que muchos ya denominan la «capital nacional de la censura previa».

El Legislador, Chef y autor del proyecto de La ley del olvido: Seis horas para el silencio, posando en su banca de oro de la legislatura más cara del país.

Cuando un actor institucional de la talla de Vargas Aignasse utiliza su peso político para arremeter contra la labor periodística de Pedro García, lo que busca en el fondo no es debatir una idea, sino disciplinar un método. La trayectoria de García inquieta al statu quo no por la emisión de una opinión epidérmica o un comentario superficial, sino por el dato estructurado que ilumina los mecanismos opacos de la gestión pública. Cuando el debate público es colonizado por la prepotencia estatal y la persecución al pensamiento crítico, la palabra profesional y el periodismo que investiga, contextualiza y confronta fuentes es desplazado hacia la periferia.

Al ejecutar el ataque contra García, las figuras del poder ensayan una estrategia de la individualización de tintes perversos. Buscan aislar al cronista incómodo, trasladando el conflicto desde el plano del debate institucional hacia la destrucción sistemática de su reputación personal. Se configura aquí una profunda degradación de la calidad democrática regional: el uso de la fuerza del Estado para silenciar al emisor analítico.

El Contexto de la Asfixia: Un Laboratorio de Voces Silenciadas

A esta provincia ya la nombran por ahí como la «capital nacional de la censura previa».

El avasallamiento sufrido por Pedro García no es un hecho insular; es la cúspide de un andamiaje mucho más amplio de domesticación discursiva que se ha extendido rápido por la provincia entre 2025 y 2026. Para comprender la gravedad de su situación, es imperioso analizar el entorno de censura que rodea su resistencia.

A la diputada nacional Soledad Molinuevo le arrimaron un bozal legal, rápido y eficaz, sólo porque sus expresiones en las redes sociales afectaban la figura del gobernador Osvaldo Jaldo, quien justificó la medida alegando que la libertad de expresión no da derecho a dañar reputaciones.

Previamente, la justicia de Tucumán, bajo el pretexto de apagar un presunto “hostigamiento”, le puso una lápida de silencio en la boca al abogado Gustavo Morales, prohibiéndole opinar o criticar a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal bajo el difuso concepto de «descrédito institucional» durante 6 años.

Cuando los jueces tardan, la política inventa atajos. El propio Vargas Aignasse —victimario de García— es el autor de un proyecto de reforma penal para crear una «acción autónoma cautelar». Una ley mordaza exprés que pretende obligar a un juez a borrar de las redes cualquier rastro o denuncia digital en un plazo de apenas seis horas si incomoda a los señores del poder.

En diferentes modalidades, Molinuevo y Morales dos abogados bajo censura por orden judicial.

Casos como los de el Dr Gustavo Morales como los bozales a la Diputada Soledad Molinuevo y los proyectos de Vargas Aignasse demuestran una sola cosa: equiparan la sospecha y la denuncia del periodismo con un «ataque a las instituciones», demostrando el profundo temor que le tienen a la verdad que corre libre.

En un mundo distopico representado el Control total de la Libre expresión por parte del Poder Judicial.

La realidad es que hay que desarmar esa máquina de callar personas.

¡HABLANDO! ¡EXPRESANDO!

La Solidaridad con García como Cemento Democrático.

«La libertad de prensa no debe comprenderse como un privilegio corporativo de los editores, sino como el derecho humano fundamental de la ciudadanía a habitar una sociedad transparente, a salvo de los caprichos y las censuras de los funcionarios de turno.»

Por todo esto, la solidaridad con Pedro García y con el periodismo comprometido que él encarna no puede reducirse a una mera declaración retórica o a un ejercicio de tibio corporativismo gremial. Debe ser entendida, en su dimensión más pura, como una legítima defensa del tejido republicano.

Cuando un periodista de la rigurosidad de García es atacado por el poder político, no es el individuo el que fracasa de manera aislada; es la sociedad en su conjunto la que resigna su derecho a la lucidez, ingresando de forma voluntaria en una penumbra cognitiva gobernada por el miedo y el silencio cómplice. Las instituciones tienen el deber ineludible de garantizar entornos seguros que impidan que las voces disidentes sean sofocadas por el hostigamiento o el autoritarismo de quienes circunstancialmente administran el poder.

Pero el silencio siempre es cómplice. Mientras los cerros tucumanos sigan en pie, guardando el eco de los que ya no están y de los que todavía resisten, el periodismo independiente y los hombres de ley no pueden quedarse cruzados de brazos. Hay que desarmar esa máquina de callar personas.

El escenario que rodea el ataque de Gerónimo Vargas Aignasse a Pedro García nos interpele a todos como sujetos políticos. Implica respaldar activamente a los comunicadores que sostienen el pensamiento complejo y desarmar esa máquina de callar personas. El silencio frente a la arbitrariedad nunca es neutral: es, invariablemente, el preludio de la servidumbre. Mientras los cerros tucumanos sigan en pie, guardando el eco de los que resisten, la voz del periodismo independiente no puede volverse un murmullo fantasma perdiéndose en la noche.