En el teatro de operaciones de la política moderna, la denuncia mediática se ha convertido en la moneda de cambio más barata. Es cómoda, no paga tasas judiciales, no exige ratificación ante un fiscal y, sobre todo, no requiere pruebas; basta con un puñado de adjetivos bien articulados ante un micrófono o un posteo en redes sociales para simular un combate que, en la realidad material, no es más que humo.
El caso de Lisandro Catalán en Tucumán encarna a la perfección este fenómeno: el del cuestionador serial que, a la hora de la verdad, prefiere la seguridad del púlpito verbal antes que el barro del palacio de tribunales.
Catalán se ha esmerado en construir un perfil de fiscalizador de la realidad tucumana. Desde sus intervenciones públicas, señala, acusa y pontifica sobre el destino de la provincia.
Sin embargo, detrás del ruido de los titulares queda flotando un silencio jurídico ensordecedor. Si un funcionario público tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito penal o de desvíos institucionales, su primera obligación —ética y legal— no es convocar a una conferencia de prensa, sino formalizar la denuncia ante la justicia competente.
Cabe preguntarse, entonces, cómo hace el director de YPF para desdoblar el tiempo y el espacio:
¿Atiende las multimillonarias inversiones de la petrolera estatal o se dedica a la rosca diaria y al internismo de cabotaje con la mirada fija en el calendario electoral tucumano?
La doble identidad —director corporativo en el puerto y candidato en la provincia— huele a ese viejo vicio que la propia retórica oficialista juró combatir: el de utilizar los altos cargos del Estado como infraestructura para el despliegue de ambiciones personales.
Para colmo de paradojas, la lupa que Catalán pretende colocar sobre el resto bien podría invertirse hacia sus propios papeles.
Una consulta ante los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) devela datos que abren interrogantes espinosos. Registrado bajo la actividad principal de Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados» (Actividad 681098), el universo fiscal del funcionario expone una faceta eminentemente rentística y patrimonial.
El detalle más sugerente radica en la geografía: su domicilio fiscal no está en los barrios que pretende representar, sino radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). ¿Cómo se puede pretender la refundación y el control de Tucumán cuando los propios intereses comerciales, el centro de vida fiscal y los aportes principales se liquidan a más de mil kilómetros de distancia, bajo el asfalto porteño?
Este llamativo cruce de roles e inmuebles conecta de manera directa con la crisis de representación y el blindaje que asfixia a la provincia.
Mientras la opinión pública tucumana se escandaliza en voz baja por el denominado «Jaldo Gate» —el silencio sepulcral de los medios locales ante la presunta compra de una fastuosa villa de 300.000 dólares en Tafí del Valle y la repentina diversificación comercial y agro-industrial del gobernador, cuyas actividades ante ARCA llamativamente se activaron de forma registrada recién a partir de 2015— la prensa tradicional local ha decidido imponerse una prolija mordaza de diseño financiada con la pauta oficial.
El radar porteño y el espejo del «Jaldo Gate». El «Jaldo Gate» demostró que el poder provincial maneja la billetera estatal para dictar líneas editoriales y transformar el derecho a la información en un boletín de relaciones públicas.
Aquí es donde el rol de Catalán pasa de lo llamativo a lo cómplice por omisión.
Frente a un oficialismo provincial que expande su patrimonio agropecuario e inmobiliario en Trancas de manera paralela a su gestión pública, y ante un entramado mediático local disciplinado por el miedo a perder la pauta, la sociedad tucumana esperaría que el principal referente de la oposición nacional rompa ese cerco informativo con denuncias formales y sistemáticas en la justicia. Pero el silencio o el amague tuitero de Catalán ante el «Jaldo Gate» delata la existencia de un pacto implícito de no agresión entre caballeros que comparten el mismo gusto por el negocio inmobiliario y los registros reservados.
Catalan y Jaldo: una mano lava la otra.
Quien aspira a liderar el destino de una provincia bajo las banderas de la transparencia y la depuración del sistema público debe, antes que nada, ofrecer ventanas de cristal en sus propias declaraciones y registros. El país y la provincia atraviesan momentos demasiado densos como para tolerar fiscalizadores de cartón que denuncian de palabra para la tribuna, fijan sus domicilios fiscales en la comodidad porteña y miran para otro lado cuando las fortunas locales se exponen al sol.
Si Catalán tiene pruebas de los males que señala en Tucumán, que firme el escrito, ponga el sello y acuda al juzgado.
De lo contrario, habrá que empezar a llamarlo por su verdadero nombre: un espectador de lujo que factura en Puerto Madero con domicilio en CABA, mientras simula pelear en los cerros de una provincia en ruinas.
