Los conflictos internos existentes entre los ministros del Poder Ejecutivo provincial Darío Monteros y Daniel Abad, por disputas de espacios de poder y recursos, llego a la conducción del Colegio de graduados de Ciencias Económicas de Tucumán.
Las disputas se habrían acelerado con motivo de que el Sub-Interventor de la Caja Popular de Ahorros Antonio Bustamante, alineado políticamente con el ministro del interior Darío Monteros, contrato como asesor de esa institución al C.P.N. Carlos Cainzo, miembro del tribunal de ética de la actual conducción del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, con el fin de darle de baja a la auditoria que tenía contrato vigente con la Caja Popular.
Carlos Cainzo, el asesor de Bustamante, hizo el informe y se fue de vacaciones a Europa por más de un mes, con una licencia sin goce de sueldo.
El motivo, contratar al estudio Godoy y asociados, consultora recomendada por el Tribunal de Cuentas, quienes prestaron los servicios de auditoría en la Caja Popular de Ahorros durante los doce años que gobernó Alperovich, con la connivencia de todos los interventores que pasaron por esa Institución.
Tomando nota de la situación y a efectos de marcar territorio, el ministro de economía Daniel Adad se reunió con integrantes de la actual conducción del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, su presidente, Cr. Raúl Véliz; el Vicepresidente, Cr. José Emilio Sánchez; el Secretario, Cr. Raúl Aguirre y el Prosecretario, Lic. Luis Fernando Pérez Vides.
Esto genera ruido entre los asociados que ven que el colegio que los debería representar se convirtió en un cabaret, cuyos miembros están para ir a misa, actos protocolares y ser funcionales al poder ejecutivo de turno, situación que comparan con lo que sucedido con otros colegios de profesionales como ser el de abogados.
