Las negociaciones reservadas para desactivar el fuerte conflicto presupuestario en la educación pública superior registraron un inesperado freno institucional en las últimas horas.
El Gobierno nacional y los rectores universitarios alcanzaron un principio de acuerdo técnico para aplicar un aumento salarial del 24%. Sin embargo, las tratativas fracasaron por una condición inapelable que impusieron los funcionarios del Poder Ejecutivo en la mesa de diálogo. La Casa Rosada exigió de forma tajante que las universidades retiren la demanda judicial que actualmente aguarda una resolución definitiva en la Corte Suprema de Justicia.
Los detalles de la recomposición salarial que propuso el Ejecutivo
El encuentro de bajo perfil ocurrió en un territorio neutral para evitar la concentración de los medios de prensa nacionales. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezó las conversaciones con los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La oferta de la administración central contemplaba una recomposición salarial del 24,3% para saldar el desfasaje acumulado hasta mayo.
El esquema oficial preveía liquidar un 21,3% con los haberes de junio y el 3$ restante durante octubre. El plan sumaba además el armado de una comisión técnica paritaria con reuniones trimestrales.
Millonarias partidas de auxilio para becas y hospitales universitarios
La propuesta del Gobierno contemplaba una fuerte inyección de recursos económicos para atender los reclamos de la última Marcha Federal. El documento oficial ofrecía una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano y un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento diarios. Asimismo, las autoridades educativas dispusieron un fondo adicional de 50 mil millones de pesos para los hospitales de las universidades. Las partes coordinaban además un nuevo criterio de distribución para otra partida congelada de 79 mil millones de pesos destinada a las guardias médicas de esos centros sanitarios.
El rechazo absoluto de los rectores ante las exigencias judiciales
Los representantes de la comunidad universitaria consideraron que las cifras de la propuesta general resultaban totalmente razonables para la actividad. A pesar del visto bueno financiero, los rectores rechazaron de forma unánime el pedido oficial de suspender la vía judicial en los tribunales. Las casas de estudio exigen el cumplimiento estricto de la Ley de Financiamiento que sancionó el Congreso de la Nación. Esta normativa obliga a ajustar los salarios y las becas de forma mensual según la inflación del IPC. El Ejecutivo nacional calcula que esta ley demanda 2,5 billones de pesos y pone en riesgo el superávit fiscal.
La advertencia de la Casa Rosada por un conflicto sin solución rápida
Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional ratificaron que la demanda judicial funciona como un resguardo legal que no están dispuestos a perder en las negociaciones. Los rectores argumentaron que la propuesta oficial demuestra que el Estado nacional cuenta con los fondos necesarios para solucionar la crisis educativa. Por su parte, los voceros de la Casa Rosada cuestionaron la dureza del titular del CIN, Franco Bartolacci. Los funcionarios libertarios criticaron la estrategia de los directivos académicos y advirtieron que esta postura arrastra a toda la comunidad hacia un conflicto institucional sin salida.
