En una provincia que todavía exhala los ecos de informes internacionales sobre prácticas degradantes, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse ha decidido vestir de seda el autoritarismo. Su proyecto de «medida cautelar digital» no es una innovación jurídica; es la creación de un patíbulo digital donde la libertad de expresión será ejecutada en apenas seis horas.
Siendo abogado, Vargas Aignasse conoce la jerarquía de las normas y sabe que su proyecto violenta el Pacto de San José de Costa Rica. Su insistencia no es un error técnico, es un acto de irracionalidad legislativa que coloca a los tucumanos en una situación de indefensión absoluta.
No se puede analizar la conducta de Vargas Aignasse sin mirar el espejo de la realidad tucumana. Mientras los informes de la ONU sobre la Tortura exponen las venas abiertas de un sistema que vulnera la integridad física de los ciudadanos, el legislador propone una tortura técnica: la asfixia del habla, de la libertad de expresión y del discurso público. Al ignorar deliberadamente el Habeas Data (Art. 43 CN) y la prohibición de censura previa, Vargas Aignasse actúa con un dolo directo que busca desmantelar el Estado de Derecho para instaurar un Estado de Policía.
Justicia «Exprés» para la Casta, propone este legislador símbolo del “ocio creador tucumano” para que en un plazo de 6 horas que anula cualquier posibilidad de defensa, transformando una medida cautelar en una ejecución de pena sin juicio previo.
Esta «vía rápida» busca este legislador multimillonario generar un efecto de enfriamiento (chilling effect), donde el ciudadano común prefiera el silencio antes que enfrentar la maquinaria punitiva de un legislador que se siente «injuriado» por la verdad, en palabras simples inyectar MIEDO.
¿Sera para que los tucumanos no le pidan explicaciones relacionadas con su patrimonio?
Gerónimo Vargas Aignasse: el censor de las «bancas de oro»
representante de una de las legislaturas más costosas y opacas del país, con mensualidades que superan los 300 millones de pesos mensuales, pretende ahora que los jueces penales abandonen sus funciones críticas para convertirse en sus comisarios personales de las redes sociales.
Amigos compartiendo ideologías y proyectos de trabajo. El uso del fuero penal para fines de «limpieza de imagen» política es la prueba acabada de una desviación de poder manifiesta, pero además demuestra que habría una sociedad oculta entre el Jefe de los Fiscales y del legislador que también pretende controlar el narcomenudeo.
Tucumán ya sufre el síntoma del «Gobierno litigante contra el ciudadano», con tribunales colapsados por juicios iniciados desde la cima del poder para silenciar al ciudadano disidente. En este ecosistema, donde los fiscales ya imponen reglas de conducta que prohíben hablar de la política, Vargas Aignasse aparece para «legalizar» la arbitrariedad.
«Vargas Aignasse no está legislando; está intentando legalizar una vía de hecho para silenciar a sus enemigos o disidentes, quebrando su deber de lealtad a la Constitución que juró defender».
