El pasado 12 de abril, en la columna de www.enteratenoticias.com.ar, titulada «La Obra ya estaba hecha»: Fallas de Control del Tribunal de Cuentas y gravísimas irregularidades en torno al pabellón de menores en Benjamín Paz, no solo se revelaron una serie de anomalías en la construcción del Pabellón N° 8 del Complejo Penitenciario, sino que se dio a conocer un dato sensible: la idea de implementar una maniobra para convalidar esta construcción -que se hizo íntegramente sin control preventivo- tendría un autor intelectual: Miguel Chaibén Terraf, el presidente del Tribunal de Cuentas.
El artilugio sugerido consistía en «convalidar la obra por decreto y reencauzar el expediente», advertía la nota periodística, remarcando que la orden también implicaba «ordenar» el expediente para que no quedaran expuestas las fallas en la fiscalización previa. En criollo: borrar las huellas.
La maniobra sugerida terminó materializándose y confirmándose documentalmente el 27 de abril de 2026, fecha en la que se rubricó el Decreto N° 850/8.
El instrumento lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del impulsor de su candidatura presidencial: el Ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, quien se vincula con Terraf desde su militancia deportiva en el Club Natación y Gimnasia.
El decreto recién salió publicado el 8 de mayo pasado. A las claras se ve como en Tucumán las irregularidades circulan más rápido que la transparencia pública.
Fue el propio ministro Nazur quien, a través del decreto oficial, solicitó la convalidación de lo actuado y su posterior pago a la firma adjudicataria HAGA U.T.. Para justificar el accionar tardío, el funcionario alegó «la imperiosa necesidad de garantizar condiciones edilicias adecuadas y seguras» para el nuevo establecimiento destinado a menores en conflicto con la ley penal, creado bajo el Decreto N° 112/4 (MDS)-2026.
El blanqueo administrativo tiene una cifra exacta: $294.852.768,52. Este millonario monto fue presentado por la firma constructora (CUIT N° 30-71757245-5, con domicilio en Av. Ejército del Norte N° 2674) mediante la Factura B N° 00001-00000264, fechada el 20 de abril de 2026. A través del decreto, se ordenó emitir el pago directo hacia la Cuenta Corriente N° 314009420201299 (CBU 2850140230094202012991).
Para habilitar legalmente el desembolso de una obra que se ejecutó esquivando el circuito de control preventivo correspondiente, el Ejecutivo echó mano a una figura jurídica tan elegante como conveniente: el «enriquecimiento sin causa». Apoyándose en el artículo 1794 del Código Civil y Comercial de la Nación, los dictámenes internos concluyeron que, como las tareas ya fueron «efectivamente ejecutadas» y le resultan útiles a la Provincia, no pagarlas implicaría un beneficio injusto para el Estado en detrimento de la constructora. Una ironía mayúscula si se tiene en cuenta que HAGA U.T. hizo casi toda la obra de Benjamín Paz, y que la obra del Pabellón «Cura Brochero», la ejecutó íntegramente a espaldas de la fiscalización preventiva, y que de «perjudicada» tiene poco: en lo que va de 2026 ya se le autorizaron pagos por más de $1.867 millones de pesos.
La paradoja del control y el fin del rol institucional
Para comprender la magnitud de esta maniobra, es necesario exponer el insólito doble estándar con el que operó el Tribunal de Cuentas sobre este mismo espacio físico. Apenas dos meses antes de la firma de este decreto convalidatorio, el organismo se había mostrado burocráticamente «inflexible» respecto a la entrega del Pabellón 8 original, emitiendo una «formal oposición» a través del Acuerdo N° 385, dictado el 25 de febrero de 2026, para frenar el trámite porque el plazo de 6 meses de garantía legal (iniciado el 30 de octubre de 2025 y avalado previamente por el Acuerdo N° 5068) aún no había vencido.
Aquí radica la mayor contradicción: mientras el Tribunal contaba celosamente los días en un expediente para cuidar una garantía en los papeles, se le «escapó» por completo que, en el interior de ese mismo lugar, la empresa HAGA U.T. estaba construyendo un nuevo establecimiento socioeducativo por casi $295 millones sin ningún tipo de aval ni control preventivo. Incluso entre quienes aspiran a suceder a Terraf en su cargo ( especulando con que podría jubilarse después de cumplir 70 años el mes que viene), no conciben que el mismo organismo paralice un trámite por formalismos, pero sea incapaz de advertir que se ejecuta una obra millonaria frente a sus propias narices, llegando cuando ya no había nada que prevenir y dejando constancia escrita -a través del Informe Técnico Nº 46/2026 de sus propios inspectores, plasmado en el citado Acuerdo N° 385– de que «los trabajos se encontraban terminados».
Pero más allá de las discusiones formales, las fallas burocráticas y el uso de figuras legales a medida, el aspecto más grave de este entramado radica en la cúpula del propio órgano de control.
Lo verdaderamente alarmante no es solo que el Tribunal de Cuentas haya llegado tarde, sino que haya sido el propio Miguel Chaibén Terraf el autor intelectual de la maniobra para tapar la omisión.
Lejos de sancionar la falta de supervisión preventiva o investigar a los responsables, la máxima autoridad del control provincial operó para diseñar la vía de escape, impulsando la convalidación por decreto y bajando la instrucción de «ordenar» el expediente para borrar las huellas de su propia ineficiencia.
Con este nivel de injerencia sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, el presidente del Tribunal de Cuentas ha desdibujado por completo su rol institucional, y como garante de la rentabilidad de las empresas constructora, ya sea esta UTE o ALFA, la constructora «terrafista» que cobró anticipos millonarios y tiene la obra del Registro Civil con apenas un 30% de avance.
Quizás Terraf ha dejado de ejercer su rol como Presidente del TC, y después de tantos años de autorizar Certificados de Obra, ha terminado por erigirse en una suerte de «capataz», o por lo menos ha mutado en un «maestro mayor de Obra Pública».
