Mientras miles de familias atraviesan el invierno con problemas en el suministro de gas, todavía permanece fresco el recuerdo de las inundaciones que golpearon a numerosos barrios durante el verano. Dos crisis distintas, un mismo resultado: la sensación de abandono.
El verano trae inundaciones y el invierno condena al frío.
Como si eso fuera poco, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los tucumanos. Salir a trabajar, estudiar o simplemente caminar por la calle se ha convertido, para muchos, en un motivo de angustia. Los relatos de robos violentos y de personas que pierden sus pertenencias bajo amenazas alimentan el miedo cotidiano.
En ese contexto, la confianza en las instituciones también se deteriora.
Cada vez que un ciudadano siente que denunciar, reclamar o expresar una crítica puede traerle consecuencias, la democracia se debilita. La Justicia y las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de actuar con apego a la ley, garantizando investigaciones imparciales y respetando los derechos de todas las personas.
La ciudadanía no pide privilegios.
Pide algo mucho más básico: servicios públicos que funcionen, obras que prevengan las tragedias, calles seguras y autoridades que respondan con hechos en lugar de discursos.
Tucumán merece mucho más que explicaciones. Merece planificación, transparencia y gestión. Porque ningún pueblo debería acostumbrarse a pasar frío por falta de gas, sufrir inundaciones por falta de obras o vivir con miedo al salir de su casa.
Gobernar implica resolver problemas, no administrar crisis permanentes.
Y cuando las necesidades básicas dejan de estar garantizadas, la paciencia de la sociedad se transforma en un reclamo legítimo que ya no admite más excusas.
