La investigación contra una mujer de 58 años, apodada «Ruby», acusada de ofrecer de manera fraudulenta viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbanístico (IPVDU), continuará durante al menos cuatro meses más. Así lo resolvió este miércoles la Justicia durante una audiencia multipropósito, en la que también se prorrogó la vigencia de las medidas de coerción que pesan sobre la imputada.
La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego Alejo López Ávila. La acusada enfrenta cargos por cuatro hechos de estafa, en calidad de autora.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael explicó que la prórroga fue solicitada debido a la complejidad de la investigación y al surgimiento de nuevas denuncias.
«El pedido se sustenta en la pluralidad de víctimas y de hechos que nos encontramos investigando. Hemos recibido una nueva denuncia enmarcada en el contexto de estafa. Debemos determinar si las conductas determinadas configuran un fraude en perjuicio de la administración pública y la complicidad penal que pudiera corresponder», sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.
Además, indicó que los investigadores aguardan el resultado del análisis del teléfono celular secuestrado a la imputada, con el objetivo de obtener evidencia digital que permita esclarecer los hechos e identificar posibles nuevas víctimas.
Cómo operaba la falsa gestora del IPV
De acuerdo con la acusación, la mujer aseguraba tener influencias y contactos dentro del IPVDU y prometía gestionar la adjudicación de viviendas en el barrio Lomas de Tafí a cambio de importantes sumas de dinero.
El primer hecho investigado ocurrió en octubre de 2022. Según la Fiscalía, la imputada convenció a una mujer de entregarle un total de $2.500.000 con la promesa de obtener una vivienda en Lomas de Tafí. Sin embargo, el inmueble nunca fue adjudicado.
La misma víctima también habría sido engañada en una segunda maniobra. La acusada le ofreció una camioneta y un tractor que supuestamente provenían de procedimientos policiales y pertenecían a la Comuna de Delfín Gallo. Para concretar la operación, la damnificada entregó alrededor de $735.000, aunque los vehículos nunca fueron entregados.
El tercer caso tuvo como víctimas a un matrimonio, al que la mujer les aseguró que, mediante contactos políticos y abogados que tramitaban expedientes ante el IPVDU, podía conseguirles una vivienda recuperada para familias vulnerables. La pareja abonó un total de $280.000, pero tampoco recibió la casa prometida.
Finalmente, la cuarta causa corresponde a otra mujer que, en noviembre de 2022, entregó distintas sumas de dinero luego de que la imputada le ofreciera gestionar la adjudicación de una vivienda en Lomas de Tafí utilizando supuestas influencias dentro del organismo provincial. Al igual que en los demás casos, la promesa nunca se concretó.
Con la incorporación de una nueva denuncia y las pericias pendientes sobre el teléfono celular de la acusada, la Fiscalía busca determinar si existieron más maniobras fraudulentas y si hubo otras personas involucradas en las estafas.
