Los indicadores de seguridad correspondientes al primer semestre de 2026 reflejan un escenario con luces y sombras en Tucumán: mientras los delitos contra la propiedad muestran una disminución, los homicidios crecieron un 16% respecto del mismo período del año pasado y las autoridades observan con creciente preocupación el impacto del avance del narcotráfico en el NOA, fenómeno que ya comienza a traducirse en mayores niveles de violencia.
De acuerdo con el relevamiento, el incremento de los homicidios está acompañado por episodios cada vez más violentos. Un experimentado investigador de la Policía sostuvo que las dos balaceras registradas recientemente en pleno centro de la capital evidencian un cambio en la conducta delictiva.
«La intolerancia reina entre los tucumanos. El lugar dejó de generar actos inhibitorios, es decir, un freno», afirmó.
El análisis de los móviles de los crímenes también revela un agravamiento en fenómenos sensibles. Durante el primer semestre se duplicaron los homicidios cometidos durante robos o intentos de robo, casos comúnmente asociados a situaciones de «justicia por mano propia». Asimismo, los femicidios pasaron de tres registrados en igual período de 2025 a cuatro durante este año. Otro dato que encendió las alarmas fue que también se duplicaron los asesinatos vinculados con conflictos relacionados al narcotráfico.
En contraste, las estadísticas oficiales reflejan una reducción de entre el 15% y el 20% en los delitos contra la propiedad, aunque las autoridades reconocen que esos registros pueden no representar completamente la realidad debido a la elevada cifra de hechos que no son denunciados.
Los especialistas advierten que el aumento de los secuestros no necesariamente implica mayores controles, sino que suele reflejar un crecimiento del tráfico ilegal. Las estimaciones indican que las fuerzas de seguridad apenas logran interceptar aproximadamente el 30% de la droga que circula por las rutas.
Hasta el viernes pasado, en Tucumán se habían secuestrado 830 kilos de cocaína, cifra que representa un incremento superior al 16%, además de 672 kilos de marihuana, un 145% más que en el primer semestre de 2025. Detrás de esos números aparecen dos aspectos considerados determinantes por los investigadores.
Por primera vez, durante abril y junio, Tucumán decomisó más cocaína que Salta y Jujuy, provincias limítrofes con Bolivia que históricamente constituyen la principal puerta de ingreso de esa sustancia al país.
Al mismo tiempo, el fuerte crecimiento de los secuestros de marihuana refuerza la hipótesis de que el NOA comienza a consolidarse como una zona de producción de esa droga, aunque hasta el momento no se logró desarticular ninguna organización dedicada al cultivo a gran escala en la región.
El avance del narcotráfico también se manifiesta en otros delitos asociados. Durante el primer semestre se duplicaron los homicidios relacionados con drogas; además, fue detectada una organización que presuntamente abastecía de armas a bandas criminales internacionales, se investigaron maniobras de lavado de activos, una de ellas vinculada al Comando Vermelho —una de las organizaciones criminales más importantes de América Latina— y apareció una estructura que habría realizado la logística para trasladar los 470 kilos de cocaína secuestrados recientemente en la provincia.
Frente a este escenario, distintos sectores coinciden en que Tucumán mantiene una decisión política de combatir el narcotráfico, aunque cuestionan la falta de una estrategia coordinada por parte del Gobierno nacional.
Señalan que los recortes presupuestarios, la escasa inversión, la ausencia de planificación y de un diagnóstico integral limitan la capacidad de respuesta, mientras que provincias vecinas como Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca tampoco colocan el problema entre sus principales prioridades.
Como ejemplo de esa situación se menciona la reunión realizada hace poco más de 40 días en Tucumán, donde los gobernadores del NOA solicitaron a la ministra de Seguridad de la Nación la instalación de un sistema de radares para detectar vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico.
Poco después se produjo el secuestro de los 470 kilos de cocaína que, según los indicios reunidos hasta el momento, habrían ingresado mediante transporte aéreo. A ello se sumó el hallazgo, la semana pasada, de una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito, Santa Fe, aeronave que los investigadores sospechan habría sido utilizada para transportar estupefacientes.
Los especialistas sostienen que la posibilidad de que Tucumán se transforme en un centro de acopio de drogas se fortalece con el paso del tiempo y que la situación exige una respuesta conjunta de todos los poderes del Estado.
En ese contexto también surgieron repercusiones políticas. El ex legislador José Orellana cuestionó la cobertura periodística sobre el secuestro de los 470 kilos de cocaína y sostuvo que no corresponde a los funcionarios municipales investigar si algún vecino está involucrado en actividades de narcotráfico. Sin embargo, distintos sectores remarcan que cualquier funcionario tiene la obligación de informar a las autoridades competentes cuando detecta situaciones irregulares o incrementos patrimoniales difíciles de justificar.
Los especialistas concluyen que no se trata de diseñar una estrategia inédita, sino de aplicar herramientas que ya demostraron eficacia en otros países.
Consideran que toda medida orientada a fortalecer la inteligencia, la investigación patrimonial y la cooperación institucional puede resultar determinante para contener el avance del narcotráfico y evitar un mayor deterioro de los índices de violencia e inseguridad en Tucumán.
