La provincia de Tucumán retornó a una senda de desequilibrio financiero tras seis años de estabilidad, al registrar en el primer cuatrimestre de 2026 un déficit acumulado de más de $140.000 millones (en moneda constante). Según el reporte especializado “Navegando en las Cuentas Públicas de Tucumán: ¿Qué exhiben los datos de los primeros meses de 2026?”, elaborado por los economistas Bernabé Salas Arón y Pablo Agustín Pero para la Fundación Federalismo y Libertad —documento que tuvo una combinación crítica: una fuerte caída en la recaudación nacional y provincial que no fue compensada con austeridad, sino que convivió con un aumento del gasto público.
El informe es tajante al señalar que este deterioro no es solo cuantitativo, sino cualitativo, ya que el incremento de las erogaciones se explica exclusivamente por gastos corrientes mientras la inversión real en infraestructura se desplomó un 31% respecto al año anterior.
Históricamente, la administración tucumana mantenía una disciplina estacional marcada por la conformación de “excedentes estratégicos” entre enero y mayo para garantizar el pago de los aguinaldos. Sin embargo, esta lógica “se fracturó por completo en el inicio de 2026”. El déficit financiero acumulado hasta abril asciende a más de $140.000 millones, una cifra que, en términos reales, representa “casi el triple de déficit observado en el mismo cuatrimestre de 2020”, año que estuvo condicionado por el impacto excepcional de la pandemia y las restricciones de la cuarentena.
Este desbalance se explica, de acuerdo al documento, en primera instancia, por la dependencia estructural de Tucumán respecto a los fondos federales, que representan cerca del 75% de sus ingresos totales. Durante el periodo analizado, el IVA y el Impuesto a las Ganancias sufrieron contracciones reales del 8,6% y 3,75% respectivamente. No obstante, el informe destaca que el frente del gasto provincial no mostró una contención acorde: “la erogación real de la administración tucumana durante el primer cuatrimestre se incrementó un 6,8% interanual, situándose apenas un 0,6% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2023”.
El análisis crítico de Salas Arón y Pero hace hincapié en que la reconfiguración del gasto evidencia un deterioro notable en su eficiencia. Mientras que en el primer cuatrimestre de 2023 se destinaba el 5,15% de las erogaciones totales a gastos de capital —inversión pública e infraestructura—, en los primeros cuatro meses de 2026 esa participación se desplomó a tan solo el 2,3%. El documento concluye que la provincia retornó a niveles de gasto elevados bajo un esquema de asignación menos eficiente: “Más gasto operativo, menos gasto en infraestructura y/o inversión”.
Esta dinámica se traslada de manera directa a los municipios y comunas, donde el ajuste fiscal ensayado durante 2024 quedó neutralizado. El informe advierte sobre la “virtual desaparición de las transferencias de capital destinadas a las administraciones subprovinciales”, confirmando un proceso de sustitución donde los fondos para obras han sido absorbidos por la rigidez de los gastos corrientes. Además, el rubro de subsidios a municipios creció un 40% real respecto a 2023, en un contexto de “menor transparencia” que dificulta trazar el destino de estos recursos extraordinarios.
Un punto de especial tensión en el informe es la verificación de los dichos oficiales sobre el uso de reservas. Mientras el gobernador Osvaldo Jaldo declaró en abril haber dispuesto del fondo anticíclico para pagar sueldos, el análisis de las ejecuciones presupuestarias mensuales muestra lo contrario: “todos los meses relevados exhiben lo mismo: $0 a la integración del fondo y $0 en usos del mismo fondo”. El reporte señala que, si dicho fondo está computado en otra categoría, es imposible saberlo con la información pública disponible, lo que introduce “opacidad al análisis”.
En términos comparativos, Tucumán destaca positivamente en el NOA por el ritmo de publicación de sus datos, siendo la única provincia con las ejecuciones del primer cuatrimestre disponibles a comienzos de junio, frente al retraso de jurisdicciones como Santiago del Estero o Jujuy. Sin embargo, la falta de homogeneidad regional impide una comparación justa sobre la profundidad de la crisis fiscal.
Visiones para una reforma urgente
Para revertir la inercia, los autores proponen una redefinición estructural de la política fiscal. Entre las recomendaciones se destacan:
Establecer un piso mínimo e inviolable para la inversión real, evitando que la infraestructura (agua, energía, conectividad) sea la variable de ajuste sistemática.
Moderar la rigidez de la masa salarial, implementando una reingeniería del capital humano y frenando la expansión de cargos administrativos sin justificación técnica.
Transparentar las transferencias locales, migrando hacia un esquema de asignación basado en variables técnicas y demográficas para evitar la discrecionalidad asociada al calendario electoral.
El razonamiento final del documento es contundente: Tucumán requiere “austeridad para bajar la presión tributaria local, recomposición de las erogaciones priorizando las obras de infraestructura, y mayor transparencia” para asegurar que cada peso transferido se traduzca en mejoras reales para los ciudadanos.
La voz oficial
El Ministerio de Economía de Tucumán salió al cruce del informe calificando la lectura de los datos como parcial y malintencionada. El titular de la cartera, Daniel Abad, encabezó la réplica con un tono crítico al sostener que omitir el gasto destinado a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de seguridad es un error conceptual grave. “Ya no hay dudas. Ignorancia y mala intención. A menos que se quiera hacer creer a los tucumanos que las inversiones en una cárcel nueva, Benjamin Paz y la Alcaldía de Delfin Gallo, los detenidos se cuidan solos. Que no nos tomen el pelo”, sentenció el ministro de manera tajante en su cuenta de X.
Desde el equipo técnico de Hacienda, el director de Programación Económica, Felipe Fernández, profundizó en el análisis de las cifras para desestimar la idea de un descontrol en las cuentas públicas. Según el funcionario, el aumento en la partida de personal tiene una explicación operativa directa ligada a las políticas de seguridad del Gobierno. “Uno de los principales motivos que explica el incremento del gasto en personal, es la designación de 3.100 agentes del escalafón seguridad, a partir de mayo de 2025, destinados al penal de Benjamín Paz y al departamento general de policía que, bien leído, es una inversión. Esto explica el mayor crecimiento del gasto en personal”,
