Miguel Chaibén Terraf lleva más de dos décadas al frente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos. Denuncias, pedidos de juicio político y cuestionamientos sobre la transparencia reabren una pregunta incómoda: ¿quién controla a quienes deben controlar al Estado?
En Tucumán hay una institución que tiene la responsabilidad de vigilar cómo se gasta el dinero de todos los ciudadanos. Sin embargo, su máxima autoridad lleva más de 22 años al frente del organismo. Se trata de Miguel Chaibén Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas desde julio de 2004.

Durante este extenso período pasaron distintos gobernadores, ministros, intendentes y comisionados comunales. Pero Terraf continúa en uno de los puestos más importantes del sistema de control del Estado provincial.
La permanencia en el cargo abre un debate institucional que merece respuestas: ¿cómo se garantiza la independencia de un organismo de control cuando sus principales autoridades permanecen durante tantos años?
Denuncias, cuestionamientos y documentos faltantes
El Tribunal de Cuentas también quedó involucrado en distintas controversias judiciales y políticas.
En junio de 2026, la Legislatura archivó un pedido de destitución contra Terraf presentado por periodistas que cuestionaban su actuación en el control de una obra pública. La comisión de Juicio Político consideró que los hechos denunciados no configuraban una causal válida para avanzar con el procedimiento.
En otra investigación periodística, difundida en octubre de 2026, se advirtió que más de 250 acuerdos del organismo no figuraban en su portal público. El relevamiento abarcó documentación de distintas gestiones provinciales y volvió a poner en discusión el acceso a la información sobre las decisiones del Tribunal.
Estos antecedentes no constituyen por sí mismos pruebas de corrupción, pero sí plantean interrogantes que merecen explicaciones públicas.
Controlar millones, pero también rendir cuentas
El Tribunal de Cuentas tiene una función fundamental: fiscalizar la administración de los recursos públicos y observar posibles irregularidades en el manejo del dinero estatal.
Por eso, la transparencia no puede ser una exigencia exclusiva para intendentes, ministros y comisionados comunales. También debe alcanzar a quienes tienen la responsabilidad de controlarlos.
Si todos los días aparecen cuestionamientos sobre el manejo de fondos en distintas administraciones, la sociedad tiene derecho a conocer qué investiga el organismo, cuántas irregularidades detecta, qué responsabilidades determina y cuáles son los resultados concretos de sus actuaciones.
¿quién controla a Terraf? ¿A quién responde? ¿Quién garantiza que el organismo fiscalizador también rinda cuentas?
En una provincia que necesita instituciones transparentes, el control del dinero público no puede depender solamente de la confianza en quienes ocupan los cargos. Debe existir información accesible, controles efectivos y explicaciones para toda la sociedad.




