Mientras los vecinos hacen malabares para llegar a fin de mes, la Municipalidad de San Isidro de Lules vuelve a golpear las puertas del Estado provincial para conseguir asistencia financiera. Esta vez, el monto solicitado asciende a $37.325.540,85, destinado a cancelar una deuda exigible por el servicio de gestión integral de residuos sólidos urbanos.
El pedido está registrado en el Expediente N.º 7252/220-L-2025 y fue instrumentado mediante el Decreto N.º 1.767/3. El destino declarado de los fondos es el pago de la deuda correspondiente al servicio que presta el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
¿Cómo puede un municipio acumular una deuda de semejante magnitud por un servicio esencial como la recolección y tratamiento de residuos y luego recurrir a fondos públicos para apagar el incendio?
El problema no es la basura. El problema es quién administra los recursos y quién termina pagando las consecuencias de una gestión que no logra afrontar sus compromisos.
La asistencia financiera puede presentarse formalmente como una herramienta administrativa, pero detrás de los expedientes hay una discusión mucho más profunda: la responsabilidad sobre el manejo de los recursos públicos. Si una municipalidad necesita recurrir al auxilio financiero para afrontar obligaciones corrientes, corresponde preguntar por qué se llegó a esa situación, cuánto tiempo se acumuló la deuda y qué controles existieron para evitar que creciera.
Mientras tanto, el contribuyente observa una escena que se repite demasiado: la deuda se genera abajo, pero la cuenta termina llegando al Estado y, en definitiva, a los ciudadanos.
También sería razonable conocer con precisión cuál es el origen de la deuda, qué períodos comprende, qué intereses o actualizaciones fueron generados y qué medidas adoptó el municipio para regularizarla antes de solicitar asistencia financiera.
Porque cuando se habla de $37.325.540,85, no se está hablando simplemente de un número en un decreto. Se está hablando de recursos públicos y de una obligación que alguien deberá terminar pagando.
¿Quién generó la deuda, por qué se generó y quién se hace responsable de que haya llegado a este punto?
En tiempos donde cada peso del Estado debería ser administrado con máxima responsabilidad, los expedientes no pueden convertirse en una caja negra. Los vecinos tienen derecho a saber cómo se administró el dinero, por qué apareció la deuda y por qué ahora deben salir recursos públicos para cubrirla.
Porque la basura puede retirarse de las calles. Lo que no debería retirarse de la discusión pública es la responsabilidad de quienes administran el dinero de todos.
