¿Quién controla en Tucumán a quienes nos controlan?

¿Quién controla a quienes tienen la responsabilidad de controlar al Estado?

Panfletos en pleno centro tucumano volvieron a poner en el centro de la polémica al Tribunal de Cuentas. Su presidente, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal están bajo la lupa por una denuncia vinculada al pago del Impuesto a las Ganancias. La causa llegó a la Justicia Federal tucumana y abre un interrogante político e institucional: ¿quién les exige explicaciones a quienes deben controlar el dinero de todos los tucumanos?

La pregunta volvió a instalarse en las calles y ahora también en el centro de la discusión política provincial: ¿quién controla a quienes tienen la responsabilidad de controlar al Estado?

Tucumán necesita organismos de control independientes y transparentes.

 

Según lo denunciado tras la aparición de panfletos en la zona de San Lorenzo y Piedras, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, el mensaje apunta directamente a las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Los impresos cuestionan a sus integrantes por presuntas irregularidades tributarias y vuelven a poner sobre la mesa una controversia que ya tiene antecedentes judiciales.

Los nombres señalados son Miguel Chaibén Terraf, presidente del organismo; Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal, vocales del cuerpo.

Pero detrás de los panfletos hay una cuestión mucho más profunda que una disputa política o una expresión callejera de descontento: existe una denuncia que cuestiona el tratamiento del Impuesto a las Ganancias sobre las remuneraciones de las autoridades del organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Una denuncia que llegó a la Justicia Federal

La controversia no nació con los panfletos.

En diciembre de 2025 se conocieron presentaciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que cuestionaban la aplicación de un supuesto criterio de exención del Impuesto a las Ganancias por parte de las autoridades del Tribunal de Cuentas.

Posteriormente, la denuncia penal impulsada por el periodista Christian Eduardo Sanz planteó que los funcionarios habrían utilizado un acuerdo interno de 1997 para justificar el no pago del tributo sobre sus remuneraciones durante más de dos décadas.

En febrero de 2026 trascendió que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires se declaró incompetente por razones territoriales y dispuso la remisión del expediente a la Justicia Federal de Tucumán.

La causa contempla presuntas irregularidades que podrían involucrar abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cuestiones vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La investigación debe determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades.

El organismo que exige explicaciones también debe darlas

El Tribunal de Cuentas tiene una función institucional central: controlar la legalidad y el destino de los recursos del Estado provincial.

No se trata de una oficina administrativa más. Es el organismo que debe revisar cómo se utilizan los fondos públicos, fiscalizar las rendiciones y advertir posibles irregularidades en la administración.

Por eso, la discusión adquiere una dimensión política mucho mayor cuando las propias autoridades del organismo aparecen mencionadas en una denuncia relacionada con sus obligaciones tributarias.

La exigencia de transparencia no puede funcionar en una sola dirección. Quienes revisan las cuentas de los demás también deben estar dispuestos a explicar las propias.

Y mucho más cuando se trata de funcionarios que ocupan lugares estratégicos dentro de la estructura de control del Estado.

El silencio también tiene un costo político

La aparición de panfletos en el centro tucumano vuelve a poner el tema en circulación pública. Pero la discusión no debería agotarse en quién imprimió los papeles o quién los distribuyó.

La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué explicaciones institucionales existen sobre la denuncia tributaria y cuál es el estado actual de la investigación?

¿Se revisó jurídicamente el acuerdo interno de 1997? ¿Qué posición tiene ARCA? ¿Qué documentación respalda el criterio aplicado a las remuneraciones? ¿Qué resolvió hasta ahora la Justicia Federal tucumana?

Son preguntas legítimas que merecen respuestas documentadas.

Tucumán necesita organismos de control independientes y transparentes

En una provincia donde el manejo de los recursos públicos constituye una discusión permanente, la credibilidad de los organismos de control es fundamental.

No alcanza con exigirle transparencia al Poder Ejecutivo, a los municipios o a las reparticiones estatales. La transparencia también debe alcanzar a quienes tienen la responsabilidad constitucional de fiscalizarlos.

La sociedad tucumana tiene derecho a conocer si sus funcionarios cumplen con las mismas obligaciones que se exigen al resto de los ciudadanos.

Porque el problema no es solamente una denuncia tributaria. Es la confianza pública.

Y cuando quienes deben controlar al poder quedan bajo cuestionamiento, la respuesta no puede ser el silencio, la indiferencia ni la protección política.

En Tucumán hay una pregunta que merece una respuesta clara: ¿quién controla a quienes nos controlan?