En el reino de fantasía que nos pintan desde los estrados, la Corte Suprema de Tucumán se llena la boca hablando de estadísticas de excelencia y celeridad. Pero en la práctica real —esa que no sale en los powerpoints institucionales— el Poder Judicial decidió cortar por lo sano y aplicar la motosierra allí donde más duele: desangrando y cortando la cadena de pagos a sus proveedores esenciales. Y no estamos hablando de proveedores de insumos fantasma, no. Hablamos de los mediadores, en su gran mayoría mujeres, que prestan un servicio esencial de justicia.
El último bastión a demoler. Números que asustan, pero cortada la cadena de pago a los profesionales esenciales, los mediadores.
Los mediadores son los bomberos voluntarios de la paz social. Son quienes, con su labor diaria, descomprimen los tribunales y evitan que la maquinaria pesada del Estado colapse antes de arrancar. Le ahorran fortunas al erario público frenando juicios de cuajo antes de que muevan la maquinaria estatal. Sin embargo, ¿cómo les paga el sistema? Con un portazo en las narices y una falta de pago sistemática que raya el castigo, asfixiando económicamente a quienes fungen como proveedores directos del Poder Judicial.
Los cortesanos en sus bancas. Los mediadores abandonados a sus suerte.
Mientras tanto, el festival de los millones corre por otros carriles. Aquí hay dinero para tirar al techo, sobra para todo menos para honrar los contratos con quienes sostienen la trinchera de la mediación.
El lujo edificio de Tribunales Penales, con permanentes “inversiones” y aumentos presupuestarios.
Para mencionar algunos ejemplos, no se escatima en gastar en Seguridad VIP de lujo para que la Corte Suprema se proteja a sí misma. Destinó más de 178 millones de pesos (financiados con presupuesto vigente y excedentes financieros) pura y exclusivamente para instalar un sistema de control de accesos y seguridad en el edificio del Fuero Penal. Para cuidar las oficinas de los magistrados, plata hay de sobra.
El Ministerio Público Fiscal se despachó con un incremento presupuestario monumental de 5.000 millones de pesos mediante el Decreto N° 1.775/3, el 8 de agosto de 2026, para cubrir gastos en personal y necesidades del organismo. ¡Cinco mil millones! Pero para pagarle a los proveedores de la mediación, silencio de radio y chequera cerrada.
Daniel Leiva y Edmundo Jimenez muy interiorizados en las donaciones a escuelas, muy bueno, por cierto, pero y por casa como andamos.
Finalmente, con bombos y platillos, la Corte Suprema de Justicia destinó casi un millón de dólares (provenientes de fondos no reclamados en un proceso de quiebra) para equipar con tecnología a 67 escuelas de la provincia. Una causa noble, sin dudas, pero que desnuda la absoluta desidia: hay plata para repartir por todos lados, menos para pagarle los honorarios devengados a las mediadoras que evitan que esos mismos tribunales exploten.
La doble moral de la toga. Señores de la Corte, dejen de mirarse el ombligo en los actos inaugurales: la eficiencia no se mide en cuántas cámaras de seguridad compran, sino en dejar de asfixiar financieramente a los proveedores esenciales que sostienen el sistema.
Es indignante escuchar hablar de «tutela judicial efectiva», de que el Poder Judicial tucumano es el más eficiente del país y de la «soberanía digital», pero a la hora de pagarle al eslabón más vulnerable y necesario de la cadena —las profesionales que garantizan el diálogo y la paz— le cortan la cadena de pagos de cuajo. Dejan a pie a los mediadores, en un auténtico “abandono”, ignorando su trabajo y vulnerando sus derechos elementales como proveedoras del Estado, demostrando que para esta Justicia los proveedores esenciales son descartables.
¿Hasta cuándo esta doble vara? ¿Hasta cuándo la fiesta de los despachos oficiales sostenida con el hambre y el esfuerzo de las mediadoras?
