La investigación judicial por la agresión física sufrida por el diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, ha derivado en un fuerte enfrentamiento institucional. La querella, representada por el abogado Juan Colombres Garmendia (h), presentó un escrito ante la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción denunciando presuntas irregularidades y un manejo opaco del legajo por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF). Según el planteo, la fiscalía habría avanzado en diligencias críticas sin notificar a la víctima, afectando el control de la prueba y el derecho a la defensa en juicio.
Falta de transparencia y «desconocimiento» de la querella
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento hacia el MPF radica en el supuesto ocultamiento de medidas procesales. Colombres Garmendia (h) reveló que tomó conocimiento de un oficio librado a una empresa de telefonía -vinculado a la línea del imputado Marcelo «Pichón» Segura– recién durante el transcurso de una audiencia judicial.
«Esta querella nunca tomó conocimiento de que se había librado dicho oficio», sostuvo el letrado, remarcando que esta falta de comunicación situó a la víctima en una posición de «ridículo» al solicitar medidas que la fiscalía ya había ejecutado en secreto.
Limitación al derecho de defensa y desigualdad procesal
El malestar de la querella se profundizó tras la incorporación de un informe médico presentado por la defensa de Segura. Según la denuncia, el documento fue agregado al legajo con fecha anterior, pero la fiscalía recién lo compartió con la representación de Pelli cuando el plazo para interponer recursos estaba por vencer. «Concurrir a una audiencia desconociendo evidencias es grave, y el MPF pareciera no entenderlo», disparó el abogado, quien subrayó que este accionar impide el ejercicio del derecho de contradicción y rompe el equilibrio necesario en un proceso penal adversarial.
Parálisis en la identificación de cómplices y arresto domiciliario
La querella también advirtió sobre un llamativo cambio en la línea investigativa del Ministerio Público Fiscal. Si bien en la audiencia de formalización de cargos el MPF sostuvo que Segura actuó junto a un grupo de personas aún no identificadas, hasta la fecha no se habrían producido medidas para dar con esos sospechosos. Asimismo, el abogado cuestionó la negativa de la fiscalía a convocar una junta médica para evaluar la salud del imputado, quien actualmente goza de arresto domiciliario. Pese a contar con un informe de parte que indica que Segura podría estar en un establecimiento carcelario, el MPF rechazó el pedido alegando cuestiones de forma que la querella calificó como una «limitación a la posibilidad de proponer evidencias».
El violento ataque
El hecho que originó el legajo C-002437/2026 ocurrió durante una recorrida de Federico Pelli por la zona de Lamadrid, donde el parlamentario asistía a damnificados por las inundaciones. En ese contexto, habría sido agredido con un cabezazo por Marcelo «Pichón» Segura, un empleado público vinculado políticamente al ministro del Interior, Darío Monteros. Como consecuencia del ataque, el diputado nacional sufrió la fractura de su tabique nasal y debió someterse a una intervención quirúrgica. Con este nuevo planteo judicial, la querella advirtió que los derechos de la víctima están siendo «avasallados» por la propia fiscalía que debería velar por la legalidad del proceso.
