El abogado Gregorio Dalbón denunció al ministro de Economía, Luis Caputo; al titular del Banco Central, Santiago Bausili; y a Juan Curuchet por las operaciones financieras vinculadas al oro de las reservas. La presentación se apoya en una auditoría de la AGN que registró resultados negativos por más de US$ 1.000 millones durante 2025. La Justicia deberá determinar cómo se tomaron las decisiones, qué riesgos se asumieron y si hubo un perjuicio patrimonial para el Estado.
Las operaciones financieras del Gobierno de Javier Milei con el oro de las reservas del Banco Central quedaron bajo la lupa judicial. Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curuchet luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante el ejercicio 2025.
La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca establecer quiénes decidieron y autorizaron las operaciones, qué entidades participaron y cuáles fueron los fundamentos económicos de las maniobras realizadas con el oro del Banco Central.
El dato central surge de la revisión de los estados contables de la autoridad monetaria correspondientes a 2025. Según los registros citados en la denuncia, las operaciones vinculadas con el oro generaron resultados negativos equivalentes a $1.469.155 millones, expresados en moneda de cierre.
Una pérdida millonaria bajo investigación
De acuerdo con los datos de la auditoría, el resultado negativo se desglosa en dos conceptos principales: US$ 960,2 millones por resultados de opciones financieras y otros US$ 62,8 millones correspondientes al pago de primas.
Las cifras abren interrogantes sobre la estrategia financiera aplicada a las reservas internacionales, especialmente en un contexto de suba del precio internacional del oro. El punto que deberá esclarecerse es cómo se estructuraron las operaciones, qué exposición al riesgo asumió el Banco Central y por qué terminaron con semejante resultado negativo.
En su presentación, Dalbón reclamó que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios involucrados. “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”, sostuvo el abogado.
La denuncia solicita que se determine quién diseñó las operaciones, quién las autorizó, cuáles fueron las contrapartes financieras, qué justificación económica tuvieron y qué mecanismos de control se aplicaron. También pide establecer si las decisiones provocaron un daño al patrimonio del Estado argentino.
Qué dijo la Auditoría General de la Nación
La AGN informó que su revisión de los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025 arrojó una opinión favorable sobre el procedimiento utilizado para realizar las operaciones con el oro, pero no sobre sus resultados económicos.
El presidente del organismo, Juan Manuel Olmos, remarcó la dimensión de las pérdidas al señalar que, desde que la Auditoría examina los estados contables del Banco Central, no se había registrado un resultado negativo de esta magnitud.
El informe vuelve a poner en discusión la administración de las reservas y el uso del oro como respaldo para operaciones con instrumentos financieros derivados. La diferencia entre la evaluación del procedimiento y el resultado económico será uno de los aspectos relevantes para el análisis de las responsabilidades que reclama la denuncia.
Sin embargo, el resultado negativo informado por la AGN no implica, por sí mismo, que se haya cometido un delito. Esa eventual responsabilidad deberá establecerse a partir de la documentación, las decisiones adoptadas y las pruebas que se incorporen a la investigación judicial.
Dalbón prepara una ampliación de la denuncia
El abogado anticipó que el martes 13 de octubre ampliará la presentación ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita con nueva documentación. También solicitará que se dispongan las declaraciones indagatorias que correspondan y que se evalúen medidas urgentes para preservar pruebas.
Dalbón advirtió que, si existiera riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación u otras conductas destinadas a impedir el esclarecimiento de los hechos, pedirá la intervención inmediata de la Justicia.
La ampliación apunta a profundizar el análisis de las operaciones financieras y a identificar a los funcionarios y actores privados que pudieron intervenir en su diseño, autorización y ejecución.
El interrogante sobre el oro trasladado al exterior
A las pérdidas registradas se suma otra pregunta que continúa abierta en el debate público: dónde se encuentran los lingotes de oro que el Gobierno trasladó al exterior en un operativo que generó cuestionamientos políticos.
La información sobre las operaciones financieras y el traslado del oro plantea interrogantes distintos, aunque relacionados con la administración de las reservas internacionales. La ubicación de los lingotes, las condiciones de su custodia y el destino financiero de los activos deberán analizarse a partir de información verificable y documentación oficial.
Con la denuncia ya presentada y una ampliación anunciada, la Justicia tendrá que establecer si las operaciones respondieron a una estrategia financiera debidamente justificada o si existieron decisiones que puedan comprometer responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.
Por ahora, el dato comprobable que concentra la atención es el resultado negativo de US$ 1.023 millones informado en la revisión de los estados contables de 2025. La investigación deberá determinar cómo se llegó a esa cifra, quiénes intervinieron y si hubo irregularidades en el manejo de uno de los activos más sensibles de las reservas argentinas.
