Tucumán tiene una particularidad: el paisaje es lindo, el clima es tropical, pero la justicia… bueno, la justicia es otra cosa. Es una justicia de amigos, de alcoba, de «esto no se toca».
Estamos hablando del caso de un joven estudiante de abogacía que, el 20 de agosto de 2019, acribillado y muerto, Marquitos Rougés. Para la policía provincial, fue un «suicidio». Así, sin vueltas, con la misma ligereza con la que un empleado administrativo archiva un formulario de oficina.
El Ministerio Público Fiscal de la provincia, ese organismo que debería ser el perro guardián de la ley, decidió que lo mejor para todos —o al menos para ellos— era no investigar. Fue un «siga, siga» institucional. Cerraron la causa en cuatro meses. Cuatro meses. Mientras en cualquier lugar del mundo una muerte dudosa moviliza peritos, cámaras y reconstrucciones, en Tucumán el MPF se puso la venda en los ojos y firmó el archivo.
¿Fiscalía o agencia de encubrimiento? El padre del joven el Dr. Marcos Aníbal Rougés ha desarrollado una larga pelea judicial para lograr la reapertura de la causa, la cual ha dado mucho que hablar en redes sociales y periódicos.
Lo que cuenta Marcos Rougés, el padre del joven asesinado es una película de terror de la que nadie quiere hablar.
Denuncia una red de encubrimiento, nepotismo y favores cruzados que salpica desde la morgue hasta la Corte local. Pero detengámonos en los fiscales: ¿Qué hicieron ante las denuncias de que las «Brigadas de Investigaciones» de la policía tucumana —esos que tienen más antecedentes que un prontuario policial— estaban involucrados? Nada. Peor: parece que ayudaron a borrar las huellas.
Desaparecieron informes de autopsia y piezas clave del vehículo. Al fiscal no le importó, no vio nada, no preguntó nada.
Como bien decía Moreno Ocampo, cuando el sistema judicial no encuentra pruebas, es porque el sistema nació para no dejar pruebas. En Tucumán, el Ministerio Público es el mejor alumno de esa escuela.
Un sistema le toma el pelo a la gente. La justicia federal, en su última resolución, pone negro sobre blanco la gravedad del asunto al mencionar la «ostensible gravedad» de los hechos denunciados. Traducido al castellano básico: lo que hicieron en Tucumán es una vergüenza.
Marquitos Rougés, aguarda justicia
Pero mientras la justicia federal también hace lo suyo y luego de su resolución se lava las manos y devuelve el expediente porque «no es su jurisdicción», mientras el Ministerio Público de Tucumán sigue ahí, sentado, cobrando el sueldo, dejando que los culpables de un asesinato sigan caminando por la calle como si nada.
Lo que vemos en Tucumán es la banalidad del encubrimiento.
No es que sean tontos; es que son cómplices por omisión. Tienen la lapicera, tienen el poder y, sobre todo, tienen la impunidad garantizada, a ese ritmo, el Ministerio Público Fiscal se ha convertido en el mejor abogado defensor de los criminales.
El caso de este joven no es el único, es el que se animaron a denunciar. Tucumán es un feudo donde la Justicia no es ciega: es sorda, muda y, fundamentalmente, cómplice.
La Pluma Viral seguirá informando sobre este caso, tras la reciente orden judicial que exige reabrir una investigación marcada por la sombra de la impunidad.
