Por Redacción de Investigación La Pluma Viral
Hay una provincia real —la de los tucumanos de a pie, pobres, de clase media y laburantes que hacen malabares imposibles para llegar a fin de mes— y hay otra provincia paralela, la virtual, la que habita en las fantasías doradas del poder feudal donde los millones se reparten como naipes en un casino clandestino.
Mientras la calle clama pan, educación, seguridad y salud, los despachos oficiales queman los fondos de todos los argentinos en una orgía de pauta publicitaria que raya en el escándalo penal.
La denuncia formal presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por el ciudadano Hugo Aldo Santillán desnuda una ingeniería perfecta de saqueo institucional en materia de pauta publicitaria.
No estamos hablando de monedas ni de desvíos menores: estamos frente a una cifra monumental que supera los $570.360.346,75, armada con fondos provinciales y recursos federales —incluidos los codiciados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación— que terminan convertidos en tinta invisible y micrófonos sumisos.
El festival del «smurfing» administrativo: Platita para los amigos. Silencio de toda la prensa local asegurado. N° 1754, N° 1345, N° 19, N°21,N° 29,N°91,N° 1345, N°1754,N° 1811, N°1945, N°830, N° 1899, N° 1811, N° 1832, Todas del año 2026. El Acuerdo TC 5108/2024.
¿Cómo se gasta semejante fortuna sin que salten las alarmas?
Simple: aplicando la vieja y confiable técnica del fraccionamiento, el famoso smurfing administrativo. La Secretaría de Estado de Comunicación Pública, conducida por Mariana Lucenti, con el refrendo ministerial de Daniel Abad (Economía) y Adrián Dicker (Hacienda), ideó un entramado de contratos atomizados a favor de un listado heterogéneo de personas físicas y jurídicas sin estructura ni trayectoria mediática comprobada.
Hay de todo en la viña del señor feudal: desde firmas como VP Inversora S.A. que se llevan $26 millones, hasta un ejército de particulares que perciben sumas millonarias de manera fraccionada. Pero lo más grotesco aparece en la letra chica de los expedientes: personas físicas que cobran cientos de miles o millones de pesos sin que exista una sola métrica, un informe de emisión o un respaldo fehaciente de que el servicio publicitario se haya prestado alguna vez.
Osvaldo Jaldo y Mariana Lucenti, asegurando que la mordaza de billetes se administre eficientemente.
«El Estado utiliza el dinero de los contribuyentes para comprar líneas editoriales e imponer el silencio. Esto no es publicidad oficial; es un mecanismo de censura indirecta y cooptación de voluntades.»
El sobreprecio escandaloso y el blindaje porteño
Pero la fiesta no se limita a los soldaditos locales. El propio Tribunal de Cuentas provincial, a través de sus sucesivos acuerdos, ya había encendido las alarmas al descubrir que el vaciamiento operaba también contra las empresas del Estado.
¿Un ejemplo aberrante?
En Canal 10 de Tucumán, el gobierno provincial llegó a pagar el segundo publicitario un 600% más caro que cualquier cliente del sector privado. Es decir, con la plata de los tucumanos se subsidiaba un boliche negro de sobreprecios escandalosos mientras las arcas públicas se vaciaban.
Ministro de Economía Daniel Abad (Economía) y Adrián Dicker (Hacienda). Autorizan los enormes desembolsos para la casta mediática y periodística que se paga con el dinero de los tucumanos.
Y como toda gran superproducción de la política criolla, los tentáculos llegan hasta la Avenida General Paz. En los acuerdos de la Secretaría figuran jugosos convenios con productoras y figuras de los medios porteños: pauta destinada a portales y streaming de Beto Valdés (a través de El Árbol Digital SRL), señales de noticias como C5N, programas en Canal 26 y enlaces con productoras nacionales. Mientras la Nación aplica una política estricta de austeridad y recortes, Tucumán se convierte en el paraíso de los cheques sin control.
Incluso Luis Majul esta mencionado en los Acuerdos del Tribunal de Cuentas.
¿Y el Gobernador?
Un poco enfermito, pero en general bien, gracias.
¿Dónde está el mandatario provincial, C.P.N. Osvaldo Jaldo, en medio de este desmadre?
El denunciante es tajante: el Gobernador es el máximo garante del cuidado del patrimonio estatal.
A pesar de haber sido notificado por las advertencias sistemáticas del Tribunal de Cuentas, eligió mirar para otro lado, manteniendo una estructura que facilita el vaciamiento sistemático del erario.
La denuncia ya está en manos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a nivel federal, porque en la provincia los resortes de control local parecen dormir el sueño de los injustos. Se pide se investiguen los delitos de Malversación de Caudales Públicos (Art. 260 CP), Defraudación contra la Administración Pública (Art. 174) e Incumplimiento de Deberes (Art. 248).
La pauta oficial no puede ser la caja negra de la política ni el anestésico de la libertad de expresión.
Los tucumanos se merecen saber por qué los recursos que debían ir a la salud, a las escuelas y a las rutas terminaron engrosando las billeteras de una casta publicitaria tan impune como insaciable.
