Una inversión millonaria anunciada por la gestión de Marta Albarracín dejó tras de sí dudas entre los vecinos. Entre entradas pagas para el pueblo, zonas exclusivas con supuestos privilegios y un llamativo hermetismo sobre el destino de los fondos, el festival «Lules canta a la patria» vuelve a poner sobre la mesa la eterna pregunta: ¿quién controla el dinero público?
El telón cayó sobre la edición 2026 del festival «Lules canta a la patria», pero los ecos de la celebración están lejos de apagarse. Con un presupuesto oficial anunciado por la intendencia a cargo de Marta Albarracín que trepó a la módica suma de 916.000.000 de pesos, la gran fiesta de los luleños se convirtió, una vez más, en un escenario donde brillaron los privilegios.
Atrás quedaron las promesas de austeridad y rendición de cuentas. Finalizado el evento, el vecino común —ese mismo que debió rascarse el bolsillo para abonar cada entrada, cada bebida y cada plato de comida— hoy se enfrenta a un interrogante tan básico como ignorado: ¿Cuánto se gastó realmente? ¿Y cuál será el destino final de esos fondos?
El club de los privilegios: Palcos VIP, catering y gratuidad
Mientras la economía familiar sufre el rigor de cada día, el predio festivalero pareció dividirse en dos realidades paralelas. Por un lado, el sector popular, obligado a autofinanciarse cada gasto en medio de tribunas colmadas. Por el otro, un sector hiper-VIP blindado y exclusivo, reservado exclusivamente para funcionarios, familiares y amigos del poder político.
Las críticas no tardaron en multiplicarse en las calles del municipio. Los testimonios apuntan a una postal tan vieja como indignante: la circulación fluida de entradas de cortesía y pases libres para la «casta» municipal, acompañados de supuestas comodidades y catering diferenciado. Mientras tanto, el contribuyente que sostiene el municipio con sus tasas debe pagar su derecho a presenciar un espectáculo financiado íntegramente con sus propios impuestos.
Transparencia en cuotas
La cifra millonaria invertida en cartelera y logística exige una respuesta inmediata. Gastar casi mil millones de pesos de las arcas públicas sin un desglose transparente posterior no es administrar; es actuar con total discrecionalidad.
La falta de información oficial sobre el balance financiero del festival alimenta sospechas inevitables. El vecino de Lules no es un convidado de piedra: es el principal accionista de este municipio y tiene el legítimo derecho a exigir que las cuentas sean claras, públicas y accesibles.
La patria no se canta con privilegios para unos pocos mientras el pueblo paga la cuenta.
La intendenta Marta Albarracín tiene la obligación legal de transparentar los números de un festival que, lejos de unir a la comunidad, volvió a evidenciar la brecha entre gobernantes y gobernados.
