El relato de A.M. no es solo una denuncia; es el eco de años de agresiones físicas, asfixia económica y el desamparo más absoluto, perpetrados por un hombre que hoy continúa prestando funciones, sin culpa ni sanción, en una dependencia hotelera de la Universidad Nacional de Tucumán.
Parir en el desierto
La historia de N.I. con Jorge Valenzuela estuvo marcada desde el primer día por una asimetría perversa y una violencia que no conoció de límites ni de piedad. En una desgarradora «Carta Abierta a Jorge Alejandro Valenzuela (Padre y abusador sexual de mi hija)», la mujer detalla que el horror comenzó cuando la vida apenas se gestaba.
Las golpizas brutales llegaron en pleno embarazo; con apenas cinco meses de gestación, un golpe certero le perforó el tímpano, dejándole una secuela física que palidece ante la herida psicológica. El desprecio fue tal que Valenzuela negó inicialmente la paternidad de la niña que nacía de aquel calvario, hasta que la frialdad de un estudio de ADN no le dejó más opción que aceptar la verdad biológica, aunque jamás la afectiva.
Con los años, a la violencia física se le sumó una crueldad económica sistemática.
Para asfixiar el sustento de su propia hija, Valenzuela habría tejido una red de complicidades informales en su entorno laboral, logrando percibir parte de su salario «en negro». El objetivo era tan miserable como efectivo: declarar ingresos mínimos para transferir una cuota alimentaria irrisoria, una burla legal que dejó a la madre y a la menor en una vulnerabilidad extrema.
El laberinto de la injusticia y la complicidad institucional
El abismo más profundo de esta tragedia se abre en el cuerpo y el alma de la menor.
La Carta Abierta describe con crudeza el dolor más intolerable: el abuso sexual infantil perpetrado por el propio padre. La niña, en un esfuerzo doloroso por ser escuchada, llegó a declarar bajo el protocolo de Cámara Gesell. Sin embargo, en el laberinto de la burocracia judicial, el dolor no encontró amparo. Debido a fallas en el impulso de la causa por parte de los primeros representantes legales y la sistemática incomparecencia del acusado, el proceso se desmoronó.
«La justicia citó tres veces y no se presentó… así que la denuncia se cayó y el abuso sexual no tuvo ningún cierre ni justicia», relata la madre con una impotencia que ahoga.
Los vacíos del sistema penal y las grietas procesales terminaron transformándose en el escudo perfecto para el presunto agresor, quien camina hoy en total libertad. La consecuencia diaria de este desamparo es una tortura cotidiana: la menor se ve obligada a cruzarse con su presunto abusador en la vía pública, reviviendo el trauma a la vuelta de cualquier esquina.
Mientras tanto, la Universidad Nacional de Tucumán que cobija al denunciado Jorge Valenzuela asiste a la escena con una indiferencia helada. A pesar de la gravedad de los hechos expuestos de manera pública y formal, el empleado jamás fue removido de su cargo, suspendido ni sancionado preventivamente, perpetuando un pacto de silencio institucional que duele tanto como la inacción de los jueces.
La dignidad de ponerse en pie para buscar justicia.
El camino ha sido devastador. A.M. debió lidiar no solo con el desgarro familiar, sino también con el desgaste físico y emocional de enfrentar una enfermedad crónica que la dejó al límite de sus fuerzas. Sin embargo, donde el sistema esperaba encontrar olvido y rendición, hoy encuentra resistencia.
Restablecida y con el dolor transformado en una firme determinación, la madre ha decidido regresar al laberinto legal.
Su objetivo es reactivar la causa por abuso sexual, derribar los muros de la impunidad y evitar que Jorge Valenzuela intente ampararse en beneficios procesales como la prisión domiciliaria por motivos de edad. Es el último intento de una madre por arrancar un pedazo de justicia y protección efectiva de un sistema que, hasta ahora, solo les ha dado la espalda.
