“Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del Pabellón, estamos cansados de tanta represión y vamo´ a tomar esta prisión”, rezaba el viejo hit cumbiero de Damas Gratis, relatando un motín. Y fue justo lo que lamentablemente, pasó, antenoche, cuando los menores alojados en el Establecimiento Socioeducativo Cura Brochero, en Benjamín Paz, se amotinaron.
Y el motín llegó como para hacernos recordar que hay discusiones que todavía no tenemos saldadas, y cuestiones que todavía tenemos pendientes como sociedad.
Porque mientras gran parte de la clase dirigencial local (al calor del nuevo clima de época) busca hacer política levantando las banderas de la “baja de la imputabilidad”, el gobierno provincial en el Decreto N° 112 consagraba la creación de este espacio hablando de los menores en estricta clave de sujetos de derecho.
Ese documento normativo, dictado en enero de 2026, justifica el nacimiento del Cura Brochero amparándose en la Convención sobre los Derechos del Niño y estableciendo que la privación de la libertad debe constituir «una medida de último recurso y por el tiempo más breve posible». El decreto exige además un modelo de «enfoque socioeducativo, restaurativo y comunitario», orientado a la reconstrucción de vínculos sociales y a brindar condiciones de habitabilidad digna garantizando una «seguridad institucional no punitiva».
El giro punitivo y el fin del «progresismo»
Sin embargo, estos nobles fundamentos jurídicos chocaron de frente con las recientes estigmatizaciones oficiales. Ayer, el gobernador Osvaldo Jaldo sentó postura y menospreció ese espíritu restaurativo al sentenciar públicamente que «quienes están ahí son delincuentes, son asesinos» de «alta peligrosidad», justificando así el nuevo régimen de «cumplimiento efectivo del encierro». Incluso, el mandatario redobló la apuesta anticipando que el instituto está en condiciones de albergar a más menores si a nivel nacional avanza la ley de baja de imputabilidad.
Pero no sorprende la postura del mandatario, porque nunca se autopercibió ni se definió “progresista”, como si lo hace desde hace décadas, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. Hace apenas unos meses, el ministro, ex piquetero, se reunía y se sacaba fotos con los padres de los menores para llevarles tranquilidad sobre el traslado a Benjamín Paz, prometiéndoles que sus hijos estarían «bien cuidados» por equipos profesionales enfocados estrictamente en su «reinserción social».
Hoy, en cambio, el discurso viró hacia el terreno punitivo: Masso acusa a los familiares y hasta a las «novias» de los internos de intentar pasar drogas durante las visitas, asegurando que el motín se desató simplemente porque el Estado «no cedió a las presiones» de permitir el ingreso de sustancias.
Obra bajo sospecha y contorsionismo administrativo
Pero el motín también llega para recordarnos que las instalaciones en las que están alojados los menores vienen siendo objeto de controversia, tanto por organismos de derechos humanos que discuten sobre el tratamiento jurídico a los menores (como ANDHES, que cuestionó judicialmente el funcionamiento del centro dentro del predio penitenciario), y por este medio que cuestiona la falta de controles y el rol del presidente del TC a quien se le impulsó un pedido de juicio político.
En la tarde noche del último día hábil de la semana pasada el Tribunal de Cuentas, que venía de emitir un comunicado presionando a los integrantes de la comisión de Juicio Político para que rechacen el pedido impulsado por periodistas de este medio contra Miguel Terraf, advertía con su Acuerdo 1831 la complejidad que se configuraba en el Instituto Cura Brochero, porque se habían hecho dos obras en una misma.
El organismo de control reconoció que sobre un mismo espacio físico convivían dos obras jurídicamente autónomas: el original «Pabellón N° 8» de la cárcel y la adecuación edilicia del «Establecimiento Socioeducativo Cura Brochero». Entonces decía que, ante eventuales defectos o daños en lo sucesivo, el Estado iba a tener que discriminar técnicamente y determinar el origen del problema: si era ruptura de los vicios de la obra original del pabellón 8, de los trabajos de refacción para el Cura Brochero, o directamente producto del uso posterior del bien.
Una realidad que explota
En la madrugada del siguiente día hábil se produjo el motín, una metáfora de cómo a veces las realidades nos explotan en la cara. Las noticias confirmaron que los internos amotinados, tras tomar de rehén a un celador, causaron importantes destrozos en las instalaciones nuevas. Ante los daños materiales, la advertencia administrativa del Tribunal de Cuentas cobró un sentido irónico: hoy resulta casi anecdótico tener que discriminar si los ladrillos rotos corresponden a la obra original de la cárcel o a la refacción.
Lo que verdaderamente se hizo rompió antenoche no fueron las paredes, sino que lo que se derrumbó por completo fue cualquier ilusión de un modelo ‘socioeducativo y restaurativo’, que rápidamente voló por los aires y fue reemplazado a la inmediatez por un libreto de “mano dura” que promete que ‘todo el peso de la ley’ caerá sobre aquellos menores a los que el Estado debía reeducar.
Las casualidades del sistema: el historial de un proveedor con suerte
Un dato contextual y hasta anecdótico respecto de esta obra de adecuación sin control preventivo, es que los trabajos de la misma iniciaron el 12 de de febrero y concluyeron el 3 de marzo. Justo el día 12 de febrero el Tribunal de Cuentas emitió el Acuerdo N° 197, por el cual se le adjudicó al Sr. Luis Eduardo González, consuegro de Terraf, “la contratación del servicio para la provisión de bidones de agua potable y dispensers destinados a distintas oficinas de dicho Ministerio (Desarrollo Socual), por el monto total de $156.750.000,00.
No fue una adjudicación más de las tantas contrataciones directas cercanas a los 450 millones de pesos que viene efectuando González en este ministerio desde su debut como proveedor de agua. En este caso, la adjudicación fue precedida por la anulación de una resolución previa y quedó rodeada de escasa transparencia: no existen registros públicos de la Licitación Pública N° 20/2025 ni en el Boletín Oficial ni en la Dirección de Compras y Servicios de la Provincia, lo que impide conocer cómo se desarrolló el proceso y bajo qué criterios terminó adjudicándose el servicio a González.
Al observar el historial y el volumen de estas adjudicaciones millonarias gestadas en el Ministerio de Desarrollo Social, y al contrastarlas con la llamativa flexibilización de los controles preventivos sobre las obras de esa misma cartera, el escenario invita, al menos, a la reflexión. Frente a este nivel de coincidencias entre las decisiones administrativas que firma Masso y las validaciones del organismo que conduce Terraf, resulta válido preguntarnos a nivel político e institucional: ¿estamos ante una simple seguidilla de azares administrativos, o frente a una aceitada sociedad de beneficios mutuos?. Quizas la respuesta es más simple y en definitiva es que en Tucumán nos acostumbramos a que los controles se hagan agua…
