Redacción central de La Pluma Viral
La disputa salarial con la gestión de Rossana Chahla entra en una etapa decisiva. La Justicia solicitó los recibos de sueldo de los secretarios municipales de los últimos 24 meses. El objetivo: contar con elementos concretos para analizar el reclamo por diferencias salariales planteado por los jueces del Tribunal de Faltas.
La pulseada entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y los jueces del Honorable Tribunal de Faltas dejó de ser solamente una discusión administrativa y comienza a transitar un escenario judicial.
La Cámara Contencioso Administrativa solicitó al municipio la remisión de los recibos de sueldo correspondientes a los secretarios municipales durante los últimos 24 meses.
La medida resulta particularmente significativa porque permitirá poner números concretos sobre la mesa y establecer cuál fue la evolución de las remuneraciones de quienes ocupan cargos de secretaría frente a los haberes percibidos por los integrantes del Tribunal de Faltas.
El reclamo es impulsado por Fabián Lizondo Ruiz, presidente del Tribunal de Faltas, y los jueces Gerardo Augusto Poliche y Héctor Sebastián Toledo, quienes pretenden que sus remuneraciones sean equiparadas a las correspondientes a los secretarios municipales.
Ahora los números tendrán que hablar
El pedido judicial no significa, por sí solo, que la Justicia ya haya reconocido el derecho reclamado. Pero sí representa un paso relevante para analizar la situación salarial y determinar si existen diferencias que puedan resultar jurídicamente exigibles.
Y aquí aparece el punto central de la discusión.
¿Puede un juez del Tribunal de Faltas, con las responsabilidades propias de su función, percibir una remuneración inferior a la de un secretario municipal?
Eso es precisamente lo que deberá analizarse a partir de la documentación que ahora deberá entregar el Ejecutivo municipal.
Durante 24 meses, los recibos permitirán reconstruir la evolución salarial, adicionales, conceptos remunerativos y demás componentes de los haberes. Con esa información será posible establecer si efectivamente existió una diferencia y, en caso de corresponder, cuál sería su alcance económico.
Un reclamo que ya no puede ser ignorado
La gestión de Rossana Chahla enfrenta ahora una situación incómoda: el planteo de los jueces dejó de ser solamente una cuestión interna del municipio y pasó al terreno del control judicial.
Los magistrados del Tribunal de Faltas sostienen que su función y jerarquía justifican la equiparación salarial. La Municipalidad, por su parte, tendrá la oportunidad de defender su posición con argumentos jurídicos y presupuestarios.
Pero hay algo que cambió: ahora los números estarán bajo la lupa de la Justicia.
Y si de la comparación surge que durante dos años los jueces percibieron menos que funcionarios cuya remuneración debería ser equivalente según el régimen jurídico aplicable, el municipio podría quedar frente a un eventual reclamo por las diferencias acumuladas.
¿Tienen razón los jueces?
La respuesta definitiva no corresponde a una nota periodística, sino a la Justicia.
Sin embargo, el reclamo aparece como jurídicamente atendible en la medida en que los jueces puedan demostrar que existe una equivalencia funcional, jerárquica y normativa que obligue a equiparar sus remuneraciones con las de los secretarios municipales.
Por eso, la documentación requerida por la Cámara resulta clave.
Los recibos de sueldo de los últimos 24 meses pueden convertirse en la prueba que permita determinar si existe —o no— una verdadera desigualdad salarial.
La discusión, entonces, ya no debería reducirse a una pelea política entre «Chahla y los jueces de Faltas».
La pregunta de fondo es otra:
Si cumplen funciones cuya jerarquía y responsabilidades justifican una remuneración equivalente, ¿por qué deberían cobrar menos?
Ahora será la Justicia la que tenga que mirar los papeles, hacer las cuentas y determinar si el reclamo de los jueces constituye un legítimo derecho salarial o si, por el contrario, carece de sustento jurídico.
La Municipalidad tendrá que entregar los números. Y esta vez, los números pueden hablar más fuerte que cualquier discurso político.
