La categoría 1, los apellidos conocidos y una pregunta que nadie parece querer responder: ¿cómo llegan los hijos de la dirigencia política a los cargos mejor posicionados dentro de la Legislatura de Tucumán?
La Legislatura de Tucumán vuelve a quedar bajo la lupa.
No por una ley trascendental, ni por un debate que vaya a cambiarle la vida a los tucumanos. Esta vez, la mirada está puesta puertas adentro: en los empleados, las categorías, los nombramientos y, especialmente, en aquellos apellidos que parecen encontrar un camino mucho más corto que el resto de los ciudadanos para conseguir un lugar dentro del Estado.
La producción de La Pluma Viral decidió ir hasta la propia Legislatura y consultar en el área de Personal para intentar corroborar una información que genera interrogantes: la presencia de hijos de dirigentes y referentes de la política ocupando cargos dentro de la estructura legislativa, algunos de ellos vinculados a categorías de alta jerarquía salarial.
¿Dónde y cuándo estuvo el concurso?
Porque para cualquier tucumano que necesita un empleo público, el ingreso al Estado debería estar atravesado por reglas claras, igualdad de oportunidades, idoneidad y transparencia. Sin embargo, cuando aparecen los hijos de quienes durante años manejaron los hilos de la política, la pregunta inevitable es si todos tuvieron exactamente las mismas oportunidades.
La propia documentación oficial de la Legislatura contempla mecanismos de concurso para determinadas coberturas y reconoce el principio de igualdad de oportunidades en la carrera administrativa.
Hijos del Poder:
| 42433 | 0 | ALFARO | CAMILA ESTER | 1 | 01/11/2023 |
| 42418 | 0 | ALFARO | LUCIA BELEN | 1 | 01/11/2023 |
La verdadera pregunta es:
¿Por qué cobra esa persona?
¿Ingresó mediante concurso?
¿Hubo convocatoria pública?
¿Cuántos tucumanos se presentaron?
¿Cuáles fueron los requisitos?
¿Quién evaluó a los postulantes?
¿Dónde se publicaron los resultados?
¿Quién firmó la designación?
¿Y qué función concreta cumple actualmente?
Son preguntas elementales cuando se habla de empleo público y de dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes.
La categoría que despierta sospechas
La discusión adquiere todavía mayor relevancia cuando se habla de categorías superiores.
Si una categoría implica una remuneración significativamente mayor, la ciudadanía tiene derecho a saber qué función se está pagando, qué responsabilidad implica el cargo y qué antecedentes justifican esa designación.
Porque una cosa es ingresar al Estado después de demostrar idoneidad.
Otra muy distinta es que el Estado termine funcionando como una especie de agencia de colocación para los apellidos de siempre.
Y si alguien pretende demostrar que no existe privilegio alguno, la solución es sencilla: mostrar los expedientes.
Que aparezcan los concursos.
Que aparezcan las convocatorias.
Que aparezcan los órdenes de mérito.
Que aparezcan los títulos y antecedentes.
Que se conozcan las funciones.
Que se conozcan las fechas de ingreso.
Y que se explique quién autorizó cada nombramiento.
La Legislatura debe dar respuestas
La propia página oficial del Poder Legislativo informa que su Departamento de Recursos Humanos incluye la Jefatura de Personal y la Jefatura de Legajos.
Por eso, la pregunta no es imposible de responder.
Está dentro de la propia casa legislativa.
Los legajos existen. Los nombramientos existen. Las categorías existen. Los salarios se pagan.
Entonces, ¿por qué debería ser difícil explicar cómo llegaron allí?
La transparencia no consiste solamente en publicar las leyes que se sancionan. También significa permitir que la sociedad conozca cómo se administra el personal y cómo se utilizan los recursos públicos.
Porque mientras miles de tucumanos golpean puertas buscando una oportunidad laboral, hay quienes sospechan que para determinados apellidos la puerta del Estado siempre estuvo abierta.
Y si no es así, que lo demuestren.
El desafío de La Pluma Viral
Desde La Pluma Viral no afirmamos que una persona sea ilegítima o que haya cometido una irregularidad simplemente por ser hijo de un político.
Ser hijo de un dirigente no convierte a nadie en culpable.
Pero tampoco puede convertir a nadie en intocable.
La pregunta periodística es otra y es absolutamente legítima:
¿Qué concurso ganó?
Y si no hubo concurso:
¿Por qué fue designado?
Y si existe una excepción:
¿Quién la autorizó y bajo qué norma?
Y, sobre todo:
¿Qué función cumple para justificar el sueldo que cobra del Estado?
Porque la Legislatura no es una empresa familiar.
Es uno de los poderes del Estado.
Y los sueldos no salen de los bolsillos de los políticos.
Los paga la sociedad tucumana.
Por eso, los privilegios —si existen— no pueden esconderse detrás de un apellido.
La ciudadanía merece saber quiénes son, cuánto cobran, qué categoría tienen, cuándo ingresaron y cómo consiguieron el puesto.
Porque en Tucumán hay una pregunta que cada vez resuena más fuerte:
¿Para entrar a la Legislatura hay que tener capacidad… o apellido?
