Por redacción central La Pluma Viral.
Bienvenidos al Tucumán del cinismo explícito, donde la casta política vive en un country mental y económico, mientras al laburante de pie lo desuellan vivo.
En nuestra sufrida Tucumán, la realidad vuelve a superar cualquier manual básico de mafia institucional. Mientras los señores feudales de la política se roban el futuro con presupuestos obscenos y una Legislatura que absorbe recursos como un agujero negro, en la calle impera la ley de la selva. Y en esa selva, los amigos del poder convirtieron la desesperación por la vivienda propia en un sucio kiosco de estafas.
María Alejandra Arrieta, empleada de nuestra blindada e impune Legislatura provincial, trituradora de la Constitución nacional, luciendo un portentoso abrigo.
Una «empleada pública» María Alejandra Arrieta entendió a la perfección cómo se manejan los hilos en este feudo: usar el peso berreta de un cargo oficial, colgarse de contactos políticos truchos y salir a cazar incautos que lo único que querían era un techo para sus hijos.
Fiscal Diego López Ávila y el fin del raid de la «gestora trucha» mercader de ilusión.
La investigación del fiscal Diego López Ávila destapó un modus operandi tan previsible como repugnante. Arrieta se paseaba vendiendo humo con sabor a chequera ajena, prometiendo casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que solo existían en su cabeza de estafadora.
El anzuelo arrancó a fines de 2022 en San Andrés, donde cobró $3.150.000 prometiendo influencias en el IPV y la Legislatura a cambio de nada.
Barrio Manantial Sur – IPV – Tucumanos necesitados de vivienda, víctimas de estafa.
En noviembre de 2023, mutó de «gestora» a abogada de UPCN: citó a su víctima en un bar de la avenida Sarmiento y le sacó cerca de $1.945.300 para un terreno fantasma en Manantial Sur.
Para abril de 2026, ya con total desparpajo, cobró $4.180.000 asegurando que se dedicaba a «recuperar» viviendas sociales.
Secretaria General de UPCN Lucinda Espeche, Junto a Jaldo y Amado. María Alejandra Arrieta dijo ser abogada de UPCN.
¿El broche de oro? En agosto de 2026, se subió a un Uber, le vendió el cuento del tío al tachero, armó cumbre en una YPF presentándose como abogada de la CGT, exigió $15 millones por un terreno, metió un anticipo de $5 millones en un bar céntrico y hasta le hizo transferir $150.000 a la cuenta de su propia hija para el «armado de carpeta».
¿El saldo de esta porquería? Más de $14 millones estafados y una señora que hoy goza de «prisión domiciliaria con pulsera electrónica» porque la Justicia temía que siguiera sumando víctimas a su currículum delictivo.
Tucumán: La legislatura más cara del país, un aguantadero estatal, 2.700 millones por banca que funciona como escribanía de lujo. ¿Usted sabe qué hace su legislador? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Sabe si, además de levantar la mano cuando se lo piden desde el Poder Ejecutivo, realmente trabaja? Por lo menos ya sabe que se dedica la empleada Alejandra Arrieta, a estafar pobres.
Pero lo verdaderamente escandaloso no es que una chantún haga lo suyo, sino el caldo de cultivo que le armaron los dueños del poder. ¿Quién controla a los empleados de la Legislatura? Absolutamente nadie.
Tucumán es el reino indiscutido de los datos secretos. La Corte Suprema provincial avala que saber cuántos vagos hay contratados sea un «dato sensible» para protegerlos de «estigmatizaciones». ¡Una tomada de pelo en la cara del contribuyente!
El vicegobernador Miguel Acevedo y la Burra Mansilla callan cómplices, los legisladores miran para otro lado y el oscurantismo se blinda por decreto.
Con un reglamento interno donde los bloques y los legisladores reparten cargos como si fuera un botín de guerra personal, la Legislatura es el aguantadero perfecto para prontuariados de todo pelaje, desde uno mismo de ellos, el ex Legislador José Orellana recibido de abogado en la Universidad San Pablo T habilitado para el ejercicio profesional y trabajando ininterrumpidamente como legislador cuando ya había resultado condenado penalmente por abuso sexual.
Julio Cesar Trayan junto al Ex Legislador José Orellana, ambos condenados.
Otro caso es el nefasto caso de Julio César Trayán, condenado a seis años de prisión por narcotráfico mientras figuraba cobrando su sueldito en un bloque de la Cámara. Esto es solo por nombrar a dos condenados.
La secuencia es siempre la misma: explota el escándalo en los medios, la política hace falsas gesticulaciones de indignación y, recién ahí, le sueltan la mano al empleado infiel.
El festín de la casta sobre las ruinas de la provincia. La representación gráfica IA de la Honorable Legislatura de Tucumán, Bancas de oro, las bancas más caras del país.
Mientras a los tucumanos los asfixian a impuestos para mantener la «Banca de Oro» más cara y vergonzosa del país —un gasto absurdo por legislador que destruye la obra pública y condena a la miseria a escuelas y hospitales—, la plata del pueblo sirve para bancar una estructura parasitaria que cobija delincuentes.
Arrieta usó el nombre de la Legislatura porque sabía que en esta provincia el Estado es una garantía de impunidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir financiando esta cueva de encubridores con el sudor de los que laburan?
