Con un fuerte planteo institucional que busca ponerle un cerrojo a la continuidad en el poder, distintos espacios opositores presentaron formalmente una impugnación judicial contra las aspiraciones del gobernador. El movimiento político reedita las advertencias lanzadas meses atrás por la Pluma Viral sobre los peligros de replicar lógicas de perpetuación institucional en la provincia.
La tensión política en la provincia escaló de manera drástica en los tribunales luego de que diversos referentes de la oposición formalizaran una acción legal para bloquear una eventual candidatura a la gobernación de Osvaldo Jaldo de cara a los comicios de 2027. La jugada busca frenar la interpretación constitucional que habilita el enroque de cargos y promete encender un debate de alta temperatura.
El núcleo del reclamo opositor apunta directamente contra el artículo 90 de la Constitución provincial. Desde los sectores denunciantes argumentan que permitir la alternancia entre la vicegobernación y la gobernación para extender indefinidamente los mandatos vulnera los principios republicanos básicos. Para los dirigentes críticos, la estrategia oficialista esquiva el espíritu de la alternancia democrática y transforma las reglas electorales en un traje a medida para garantizar la permanencia del oficialismo en la cúspide del poder ejecutivo.
Tucumán espejo de Formosa
Este escenario de fricción y disputa anticipada no toma por sorpresa a los analistas políticos. Ya en agosto, publicaciones especializadas de la La Pluma Viral habían puesto el foco y cuestionado con dureza la posición de Jaldo como candidato a gobernador para 2027.
En dichos análisis se advertía sobre el peligro de convertir a Tucumán en un espejo de esquemas de perpetuación similares a los observados en provincias como Formosa, donde las sucesivas reformas constitucionales y la permanencia prolongada de una misma conducción política erosionan los controles institucionales y vacían de contenido la alternancia republicana.
La ofensiva judicial actual materializa en los estrados aquellas advertencias previas y traslada el ring electoral a la Justicia. Mientras el oficialismo defiende la legalidad de las normas vigentes y minimiza la embestida opositora, los referentes contrarios al gobierno provincial insisten en que la discusión excede una mera puja partidaria y se convierte en una defensa innegociable de la división de poderes.
Con el año electoral en el horizonte, la pulseada judicial promete marcar el pulso político tucumano y poner a prueba los límites constitucionales de la reelección.
