El caso que investiga el calvario de una menor a manos de su padre pone en evidencia un entramado de omisiones inaceptables. Tal como expresó el periodista Roque Galeano: «Hay causas judiciales que no se explican por un solo expediente; se explican por las formas en que esos expedientes se cruzan, se ignoran o llegan tarde». Según detalló el cronista al presentar el informe en El Avispero, la causa investiga a Jorge Valenzuela por abuso sexual simple agravado. En este caso, la víctima es nada más y nada menos que su propia hija.
La cronología del horror
El derrotero de la menor —quien al momento de los hechos tenía 14 años— como «la cronología del horror». Entre el 27 y el 28 de marzo de 2019, la adolescente ingresó al Hospital del Niño Jesús con un «diagnóstico de abuso sexual explícito». Sumida en un «estado total de desesperación y de terror», ese mismo día ingresó por envenenamiento tras un intento de quitarse la vida. Esto derivó en una internación urgente en el Hospital Nuestra Señora del Carmen por «lesión autoinfligida por estrés grave».
A pesar de que el propio sistema de salud pública vinculó clínicamente su estado psiquiátrico con el trauma reciente, comenzó lo que el periodista calificó como «una trayectoria de deterioro de la víctima».
Expedientes paralizados y desamparo institucional
Mientras la víctima colapsaba, el accionar judicial optó por la inactividad. «La palabra que ordena esta historia es demoledora: paralizado«, sentenció Galeano. Al referirse a un expediente de familia iniciado en junio de 2019 para tratar el cuidado personal de la menor, el periodista leyó directamente un informe judicial del caso y remarcó: «No hubo resolución cautelar, no hubo resolución de fondo y el expediente terminó paralizado con última actuación previa en septiembre del 2020».
La falta de respuesta fue total.
La Justicia «tenía una causa penal, tenía una historia clínica, tenía una internación, tenía un expediente familiar y un control judicial de salud mental», pero recalcó que «esas piezas no parecen haber sido leídas juntas». Ante esta desconexión, el conductor fue categórico: «El deber de la justicia no es administrar papeles, sino directamente actuar. El deber de la justicia es unir todas esas piezas».
El despertar judicial y una pregunta incómoda
Llamativamente, los expedientes comenzaron a moverse en junio de 2026, luego de años de inactividad absoluta y «después de que la causa empezó a quedar expuesta públicamente» por los familiares a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Este despertar tardío llevó a Galeano a plantear el interrogante central: «¿La justicia llegó tarde porque no vio, o porque no quiso mirar todo lo que se venía denunciando?».
En su análisis, el periodista apuntó a posibles influencias de poder que explicarían por qué pasaron «casi siete años en una denuncia por abuso de parte de un padre a una hija» sin respuestas concretas. Galeano señaló directamente los vínculos del acusado: «Yo no quiero ser malpensado […], pero el acusado es hermano del dueño de un medio de comunicación como es El Tucumano… Julio Valenzuela es el dueño de ese medio».
Frente a las cámaras, no dudó en cuestionar al aire: «Julio Valenzuela, pregunto, ¿presiona mediáticamente para que esta causa quede paralizada? Recordemos que este es un medio que nació en los pasillos de Casa de Gobierno en el año 2016».
La inacción del Estado en todos sus niveles deja un saldo desolador que Galeano resumió de forma contundente: «Cuando la justicia no une los puntos, lamentablemente estamos hablando de una víctima que está sola; no sola en la calle, sino sola dentro del sistema judicial que se supone debe escuchar y atender a la víctima».
