El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 desnudó la desidia del Ejecutivo nacional frente a los derechos de la comunidad universitaria y los trabajadores NODOCENTES.
En una nueva muestra de desprecio por las instituciones y las normativas vigentes, el Estado Nacional quedó una vez más contra las cuerdas. La Justicia Federal volvió a señalar y confirmar que el Poder Ejecutivo no cumplió de manera total con la medida cautelar dictada en el marco de la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.
Ante esta situación de evidente desobediencia institucional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo del juez federal Martín Cormick, resolvió intimar formalmente al Estado Nacional para que dé efectivo cumplimiento a la medida en un plazo improrrogable de cinco días, bajo el expreso apercibimiento de aplicar sanciones económicas (astreintes) por cada día de demora.
La medida cautelar había sido dictada por el mismo juez Cormick en diciembre de 2025. Posteriormente recibió el aval de la Cámara de Apelaciones y, según los reportes publicados este martes, quedó firme tras una decisión de la Corte Suprema del 25 de junio de 2026.
La resolución judicial deja en claro que la medida cautelar se encuentra firme y que la administración central mantiene un cumplimiento incompleto e insuficiente, vulnerando de forma sistemática los derechos elementales de las universidades de todo el país.
Una medida que alcanza a salarios y becas
La medida cautelar está vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y con el financiamiento de becas estudiantiles.
El conflicto judicial se inició luego de que el Gobierno dispusiera mediante el Decreto 759/2025 que la ejecución de la ley quedara condicionada a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
La causa fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional en representación de las universidades públicas nacionales. El proceso colectivo incluye a docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes de las universidades nacionales.
La disputa por los salarios universitarios
El nuevo pronunciamiento judicial se conoce en medio de un conflicto que continúa abierto entre el Gobierno, las universidades y los gremios del sector.
De acuerdo con estimaciones difundidas por universidades nacionales y sindicatos, los salarios acumulan un atraso que calculan en 31,2%, mientras que el Ejecutivo realizó recientemente una propuesta de 3% en la negociación paritaria. El escenario derivó en nuevos reclamos gremiales y en la convocatoria a una marcha federal universitaria para el 15 de octubre.
El reclamo firme de la FATUN contra el ajuste
Desde la FATUN (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales) se repudió esta actitud y se reafirmó con contundencia que la Ley de Financiamiento Universitario es de cumplimiento obligatorio.
Asimismo, la organización gremial advirtió que los derechos de las trabajadoras y los trabajadores NODOCENTES, de toda la comunidad universitaria y de las Universidades Nacionales no pueden quedar atados ni sujetos a decisiones discrecionales de funcionarios que operan de espaldas a la educación pública.
La defensa irrestricta de la Universidad Pública también se construye haciendo valer las leyes y exigiendo el respeto absoluto a los fallos y resoluciones de la Justicia frente a un Gobierno que persiste en vulnerar los pilares fundamentales del sistema educativo y científico nacional.
