Osvaldo Jaldo parece haber aprendido una de las reglas más antiguas del poder tucumano: cuando el dinero no sale del bolsillo propio, las puertas se abren más fácilmente.
El gobernador vuelve a quedar en el centro de la polémica por una serie de aportes y subsidios que generan preguntas incómodas sobre la utilización de los recursos del Estado y sus posibles efectos políticos.
La pregunta que atraviesa los pasillos de la política tucumana es directa:
¿Jaldo compra todo?
Porque mientras los tucumanos hacen malabares para pagar la luz, el agua, los impuestos, el alquiler y llenar el changuito del supermercado, desde el poder provincial aparecen recursos para financiar actividades, organizaciones y sectores que luego tienen incidencia en la construcción política.
Y ahí aparece la comparación inevitable.
El “mejor alumno” de Alperovich
Para sus críticos, Jaldo se convirtió en el mejor alumno de José Alperovich: aprendió que el poder no solamente se ejerce desde un despacho, sino también desde la administración de los recursos públicos.
La diferencia es que hoy la sociedad mira mucho más de cerca.
Cada decreto, cada subsidio, cada aporte y cada firma deja un rastro.
Y cuando esos movimientos coinciden con actividades políticas, cenas, actos o sectores partidarios, la pregunta deja de ser una cuestión de internas:
¿Quién paga la fiesta?
La respuesta parece demasiado sencilla:
Los tucumanos.
El dinero público no tiene dueño político
El Estado no es una billetera personal del gobernador ni una caja para premiar amigos, aliados o dirigentes.
Los recursos pertenecen a todos los tucumanos.
Por eso, cuando aparece un subsidio, la explicación debería ser completa: beneficiario, monto, motivo, destino y rendición.
No alcanza con decir que todo es legal.
La política también debe ser transparente.
Porque una cosa es administrar y otra muy distinta es utilizar el Estado como herramienta para construir poder.
¿Y los libertarios?
La polémica adquiere todavía mayor dimensión cuando aparecen cuestionamientos sobre supuestos aportes vinculados a sectores políticos identificados con el espacio libertario.
Si efectivamente hubo recursos públicos destinados a actividades que terminaron beneficiando políticamente a determinados sectores, la pregunta es inevitable:
¿Jaldo financia a quienes públicamente aparecen enfrentados con el peronismo?
Y si no fue así, la respuesta debería ser todavía más sencilla: mostrar los documentos y explicar cada peso. Mientras tanto, los tucumanos pagan.
Mientras la dirigencia acomoda sus fichas electorales, miles de tucumanos siguen preguntándose cómo llegar a fin de mes.
La boleta de la luz aumenta.
El agua se convierte en una deuda permanente para muchas familias.
Los impuestos pesan cada vez más.
Las empresas cierran o reducen personal.
Y mientras tanto, la política continúa moviendo recursos, nombres y estructuras.
Por eso la discusión no es solamente sobre Jaldo.
Es sobre qué hace el poder con la plata de los ciudadanos.
¿Compra gobernabilidad o compra poder?
Jaldo puede exhibir reuniones, fotos, acuerdos y dirigentes caminando a su lado.
Pero la verdadera fortaleza de un gobierno no se mide por la cantidad de dirigentes que aparecen en una fotografía.
Se mide por la confianza de la gente.
Y cuando el Estado comienza a ser utilizado como herramienta para sostener alianzas, financiar actividades o construir respaldos, aparece una pregunta que nadie debería esquivar:
¿Estamos frente a una administración pública o frente a una maquinaria de construcción política financiada con recursos de todos?
Jaldo tiene la oportunidad de responder.
No con discursos.
No con juramentos.
No con operaciones políticas.
Con los papeles.
Porque una cosa es poner la firma.
Otra es explicar para qué.
Y cuando la plata es de los tucumanos, la cuenta no la paga Jaldo.
La paga la gente.
