Escándalo en Tucumán. Denuncian al Poder Judicial Penal por utilizar el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados para intentar «amordazar» a un letrado.
Una presentación ante el Colegio de Abogados ha puesto bajo la lupa ciertas prácticas del Poder Judicial Penal de Tucumán. El Dr. Marcos Aníbal Rougés ha lanzado una dura contraofensiva legal tras ser denunciado por la jueza Judith T. Solórzano, señalando a la magistrada de intentar «romper el espejo» que refleja las irregularidades del sistema de protección de menores.
¿Protección o secuestro institucional?
El conflicto estalló cuando el Dr. Rougés interpuso un Habeas Corpus en favor de tres niños de 6, 10 y 13 años, quienes llevan más de un año privados de su libertad bajo el eufemismo de «Medida Excepcional» mientras su familia clama por ellos.
El letrado sostiene que el Estado vulnera su propia normativa —el Decreto 415/2006—, que limita estas medidas a un máximo de 90 días.
El presidente del Colegio de Abogados Alberto López Domínguez responsable institucional del gremio letrado, ordena interpelar a su propio par, el abogado Marcos Aníbal Rougés quien hoy está defendiéndose solo de las asechanzas de un Poder Judicial Penal de Tucumán opacado.
El Colegio de Abogados inicio el EXPTE. N° 39/26 contra Rougés a requerimiento de Solórzano.
El Dr. Rougés denuncia que en relación a sus defendidos hay una «detención administrativa de facto», argumentando que, para los niños, el nombre técnico del encierro no cambia la realidad: no pueden salir por su propia voluntad.
Comparó la semántica judicial con la obra “1984” de Orwell –Gran Hermano-, donde el «Ministerio del Amor» era el lugar de las torturas.
La obra maestra de George Orwell: Gran Hermano. El experimento social de disciplinamiento, control y monitoreo absoluto de las personas. El sueño dorado de encumbradas figuras de los poderes del estado provincial de Tucumán.
La Justicia Penal bajo la lupa: El rechazo como «costumbre»
La respuesta de la jueza Solórzano ha sido interpretada por el letrado como una maniobra distractiva para evitar el fondo del asunto. Según Rougés, en lugar de investigar la ilegal prolongación del encierro de los menores, la magistrada optó por, alegar que el Fuero Penal solo se ocupa de niños «en conflicto con la ley penal» y así, dejar desprotegidos a quienes no han cometido delitos, pero están encerrados por el Estado.
La “fachada”: Lo último que queda del Colegio de Abogados de Tucumán. Se lee en el vidrio de acceso” La abogacía es una función social al servicio del Derecho y de la Justicia” Art 1° Ley 5233), norma en desuso, al modo del olvido de los ciudadanos de Macondo, pueblo en el cual el olvido era tan grande que llegaron a poner carteles para no olvidar las cosas.
En cuanto a remitir al Dr. Rougés al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán, -que cuenta entre sus pares miembros a la Dra. Carmen Fontan-, califica Solórzano como «falta grave» el intento de cuestionar la naturaleza «proteccional» del alojamiento.
El descargo de Rougés es demoledor, recuerda que rechazar “Habeas Corpus” y perseguir a quienes denuncian abusos estatales es una «costumbre acendrada» en el Poder Judicial argentino, evocando incluso las épocas más oscuras del país.
El abogado no duda en señalar que esta persecución tiene un trasfondo ideológico y personal. Sugiere la existencia de una «mano negra… y octogenaria» detrás del ataque y vincula el hostigamiento a su labor investigativa sobre el asesinato de su propio hijo, –Marquitos Rougés-, a manos de la policía tucumana, caso que —según afirma— la Justicia local intentó encubrir como suicidio.
«Lo que se quiere disfrazar como una cuestión ética, es en realidad una cuestión ideológica», sentenció Rougés, defendiendo su derecho a oponerse a un Estado «paternalista» que viola derechos individuales.
Gravedad Institucional
El Dr. Rougés advirtió al Colegio de Abogados que una eventual sanción sentaría un precedente nefasto: permitir que los jueces decidan qué ideologías son «judicialmente aceptables», por ello el letrado ya ha formalizado reservas para llevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación y organismos internacionales, denunciando que el Poder Judicial tucumano utiliza al Colegio de Abogados para callar a quienes denuncian sus miserias.
