Por Redacción Central La Pluma Viral
Hoy nos metemos de lleno en el barro de la política y el delito famaillense, donde las reglas de juego parecen escritas por un discípulo de mafiosos y no por el Código Penal y lo que nos pasa en Tucumán supera cualquier ficción.
Pongamos los tapones de punta desde el vamos. ¿De quién hablamos? Del Abogado José Fernando Orellana –egresado de la Universidad San Pablo T cuyos dueños son Lonac y Rockia Ferro-, un hombre que arrastra una condena firme por abuso sexual cuando era Diputado Nacional (Causa Expediente N° 70266/2016) y que debería estar cumpliendo las estrictas reglas de conducta dictadas por la Justicia.
De acuerdo a los registros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y del Colegio de Abogados de Tucumán, el condenado por Abuso Sexual Orellana figura habilitado para ejercer la profesión, por lo que lo comprende la obligación de denunciar hechos delictuosos.
Pero no, señor. Lejos de guardar profilaxis institucional, Orellana se pasea por los micrófonos y las pantallas de las redes sociales como si fuera un panelista de chimentos, tirando frases que helarían la sangre de cualquier fiscal honesto.
El show del «comidilla narco» en streaming
Todo reventó los días 20 y 21 de junio de 2026, cuando el perfil de Facebook de Sergio Vera-Locutor se convirtió en el atril de este condenado. https://facebook.com/profile.php?id6157495153142
Con un tendal de reproducciones que asusta —algunos de sus reels superan las 80.000 visualizaciones—, Orellana se despachó con declaraciones que exudan un conocimiento del submundo criminal que asusta.
¿Qué dijo este letrado con total desparpajo?
Anoten: Afirmó con liviandad, «Somos una ciudad normal… esto pasa en todos lados». Intentó desviar el foco asegurando que el problema gordo no es en Famaillá, pero soltó nombres y datos geográficos hiperprecisos, mandando al frente rutas como Tafí del Valle y Atahona. Finalmente habló de logística, de movimientos con drones, de avionetas al aire y soltó una perlita berreta y violenta sobre los detenidos: «Va a haber que pegarle dos chirlos para que se calle».
¡Pará un poco, Orellana!
La pregunta que cae por su propio peso, la que se hace cualquier laburante que se rompe el lomo todos los días es elemental:
¿Cómo sabe tanto?
¿De dónde saca semejante precisión quirúrgica sobre rutas, métodos y personajes del hampa narco?
Abogado, condenado y… ¿encubridor? Foto Orellana en el acto de colación de grado de la Universidad San Pablo T
Acá es donde la cosa se pudre de verdad. Porque Orellana no es un improvisado: es abogado. Como letrado y como ciudadano —más allá de estar cumpliendo una condena penal—, tiene la obligación legal y moral de denunciar los delitos de acción pública de los que tenga noticia. Sin embargo, en vez de ir a la Justicia a poner los datos sobre la mesa, prefiere el circo mediático de las redes sociales.
Quien controla la matricula: ¡El Colegio de Abogados?, cierto!, está de Fiesta “Sin Vergüenza” a 100 años de su creación, atravesando la presidencia más obsecuente del gobierno de turno, encabezada por el mediador Alberto López Domínguez.
La conducta de Orellana es inadmisible y fue denunciada formalmente (3530/2026 Ercolini Juzgado n° 10), por el ciudadano Hugo Aldo Santillán, quien harto de ver cómo se burlan las resoluciones judiciales, presentó una querella criminal ante el Juzgado. Santillán apunta al centro de la cuestión: o Orellana miente para hacerse el importante, o tiene un nivel de encubrimiento y conocimiento de causas de narcotráfico que amerita una investigación urgente de oficio.
Hugo Aldo Santillán, egresado del Colegio Salesiano Tulio García Fernández, con la verdad y la ley en sus manos.
La denuncia exige que se lo cite a declarar bajo juramento. Porque la libertad condicional o los beneficios de los que goza este señor se basan en una premisa básica: la reinserción social y la buena conducta. Salir a jugar al analista criminal y demostrar un dominio absoluto del submundo narco es exactamente la antítesis de lo que debe hacer alguien que les debe explicaciones a los jueces, merece que lo alojen en Ezeiza hasta tanto se esclarezca su autoincriminación.
Foto del ingreso a la cárcel de Ezeiza. ¿Justicia ciega o cómplice? Lo que desnuda este escándalo es una radiografía brutal de la Argentina marginal, donde los benefactores de la impunidad caminan campantes, dan entrevistas con placas amarillas en Facebook y manejan información de inteligencia criminal mientras el sistema mira para otro lado.
La justicia de ejecución penal en los tribunales federales tiene la pelota en su área. O se le revoca de inmediato el beneficio a este señor por violar las reglas de conducta y poner en peligro la seguridad pública, o seguimos decorando una republiqueta donde el delito se televisa, se aplaude y se archiva.
Así estamos, señores. Continuaremos informando.
