El Femicidio de Érika Álvarez y la Ingeniería de la Impunidad. El 8 de enero de 2026, el cuerpo de Érika, una joven de 25 años, fue hallado dentro de una bolsa de residuos en un basural del barrio Manantial Sur. La autopsia reveló una violencia extrema: traumatismo craneofacial grave y una luxación cervical letal producto de golpes contundentes y saña manifiesta. Para el sistema, Érika era una víctima «descartable» por su situación de consumo, mientras que sus victimarios gozan de una red de protección que los vuelve «intocables» según palabras de sus hermanas que son las que exponen el caso ante la prensa.
El abogado querellante por la familia de Anto, Carlos Garmendia no insta investigar a la mujer que estuvo en el lugar del crimen, quien se deduce vio todo y debería seguir estando en el lugar del crimen ya que nunca se la vio salir. La sombra de Paola Tacacho símbolo de la desidia judicial y de un femicidio que se pudo evitar, esta y otras mujeres dentro del cajón de la impunidad en el velorio del Poder Judicial
El principal acusado es Felipe «El Militar» Sosa, ex oficial del Ejército y veterano de la Legión Extranjera francesa, con entrenamiento extremo en resistencia y tácticas operativas. A horas del crimen, Sosa huyó en motocicleta hacia Buenos Aires, evadiendo la captura durante diez días.
El “Militar” Sosa, poseedor de un monopolio de empresas de seguridad («Mundo Limpio») que operan en countries donde residen miembros del Poder Judicial, organizador de fiestas privadas, contaba con denuncias previas por violencia de género y antecedentes de narcotráfico, gozaría de un «paraguas» judicial.
Perturbadora mirada de Justina Gordillo. La Secretaria de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán quien tenía control y “poder” sobre el personal del palacio de tribunales. Justina Gordillo, pareja de Sosa, es la pieza logística fundamental y “caballo de Troya de este proceso”. Se detectó la eliminación masiva de 16,000 archivos de su celular para garantizar la impunidad de Sosa, además de transferencias millonarias y posible tráfico estupefacientes.
Aunque declaró no conocer a la víctima, las pericias revelaron que compartían encuentros previos, había familiaridad de trato, participaban de tríos y orgias sexuales, mientras Justina Gordillo vigilaba activa y celosamente a Antonella. Tras el crimen de Antonella, y antes de partir a Buenos Aires Gordillo recibió un poder especial para manejar los bienes y empresas de Sosa.
¿Si el ámbito laboral y ambiente social de Justina Gordillo es el Poder Judicial de Tucumán, cuál sería el mercado para la compra-venta, consumo de estupefacientes y sexo? ¿Y si coorganizaba fiestas en conjunto con Sosa?
La Mujer Omitida, es la pieza de inflexión. La mujer no identificada que ingreso a la casa del crimen, en moto con el Militar Sosa y que nunca se la vio salir. ¿Nadie piensa investigar a esta persona que vio todo y sabe toda la verdad? Sera que Murió?,(entonces habría dos femicidios), despareció?, ¿vive?, donde esta?, nadie habla de ella. Es la clave que se está preparando, en la oscuridad, para que tardíamente surjan las preguntas y de ese error procesal la investigación permita que todo vuelva a foja 0.
Todos libres. Impunidad total asegurada.
Se desconoce si esta mujer está desaparecida o muerta, pero su testimonio o su sola existencia no investigada es el «clavo» para detonar el debate oral y sepultar la causa hacia su destino final: el Olvido y la impunidad.
Ni el Ministerio Publico Fiscal ni la querella liderada por Carlos Garmendia han pedido investigar esta presencia.
¿Esta omisión será un error “provocado a ex profeso” para generar contradicciones que, deriven en el futuro en la nulidad y la impunidad total? ¿Se está pavimentando el camino para que, tras años de proceso, todos queden libres y la causa termine en el “limbo de las víctimas de la impunidad”?
¿El “¿Clan” Garmendia, sombra de la impunidad?, unidos parecieran ser parte de un sistema que funciona como mecanismo de autodefensa de la casta judicial que deriva en impunidad.
Carlos Garmendia abogado de la Querella es Primo del relator de la Corte Andrés Garmendia, cumple un rol cuestionable por su silencio ante pruebas clave y por pedir cautela al hablar del femicidio de Antonella Álvarez. También guarda silencio en el caso de abuso a una sobrina favorecido una estrategia para dilatar la búsqueda de verdad (se ha postergado el debate de la causa Guillermo Garmendia padre de la mujer violada desde los 3 años y acusado judicialmente de pedofilia). Suele culpar a la policía de todo error, distrayendo la mirada de quienes son los verdaderos responsables de llevar las causas, el Ministerio Publico Fiscal.
Andrés Garmendia, Relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la vocalía del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Daniel Leiva (que se recibió con promedio aplazo y ocupa la más alta magistratura 3,75), Andrés Garmendia, posee las claves del SIFCOP.
Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) base de datos centralizada de Argentina que permite registrar y consultar en tiempo real medidas restrictivas y judiciales sobre personas y elementos a nivel nacional, permite control de las capturas nacionales y manejar la intensidad de los pedidos.
Es sospechosa la demora en emitir el pedido de captura de Sosa, –«aviso temprano» o “ventaja”-, hecho crucial para facilitar la fuga de Sosa y la protección técnica de la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Justina Gordillo. La demora en el libramiento del oficio de captura, permitió a Sosa y compañía que se borraran y desaparecieran pruebas como los celulares. Sosa fue encontrado en Buenos Aires muchos días después del crimen.
Guillermo Garmendia es hermano del Relator Andrés Garmendia Director de OGA, acusado de abusar sexualmente de su hija a partir de los 3 años de edad y hasta los 15 años en que la niña pudo denunciarlo. El abogado defensor de Guillermo Garmendia es su primo CARLOS GARMENDIA, tío de la niña víctima de pedofilia. https://share.google/c6je09b5V5c6WwP5E
El debate de la causa de abuso sexual perpetrado contra su propia hija se posterga sine die, cuanto menos 8 veces. Tantos años solo se explican por el posible “tráfico de influencias” familiares.
Bajo la Ética Pública, en mantenimiento del cargo de Justina Gordillo en la Secretaria de la Corte y del Director de OGA Guillermo Garmendia acusado de pedofilia-, no es solo inaceptable: es un insulto a la memoria de las víctimas y una bofetada a la sociedad.
¿Hay sumarios en CSJT en contra estos nefastos funcionarios?
Estos hechos matan nuevamente a Antonella Álvarez, a Paola Tacaco, a la “mujer del carro”, Juana Busto, Tamara Sánchez, Ingrid Reyes, entre otros casos registrados de femicidio.
Es una aberración institucional que una funcionaria con acceso privilegiado al corazón del sistema mantenga su cargo tras ser expuesta como la socia logística de un femicida y partícipe de un submundo de consumo de drogas y descontrol sexual, al igual que un acusado de abuso sexual sea ascendido a Director de OGA. La Constitución Nacional exige idoneidad y probidad, valores que en este caso han sido canjeados por protección corporativa y están en velorio.
Secreto en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El Presidente Daniel Leiva y su relator Andrés Garmendia. ¿Cuales secretos esconden?
La inacción deliberada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que omite apartar a Justina Gordillo, sumada al silencio cómplice del «clan» Garmendia en ascender a Guillermo Garmendia a Director de OGA, revela una arquitectura de impunidad diseñada para el cajón del velorio judicial.
La investigación del crimen de Erika Antonella Alvarez se perfila a ser una farsa procesal, que degrada el proceso de investigación de un femicidio atroz. No es negligencia: es violencia institucional en estado puro. Se estaría, pavimentando el camino con errores procesales posiblemente provocados y contradicciones calculadas para que el juicio oral sea un estallido controlado que termine en la nada y la impunidad.
Velorio de la justicia en Tucumán, solo exhibe cajones.
La justicia independiente murió; solo existe como mecanismo de autodefensa de casta que protege a sus secretarias, funcionarios y socios amigos, garantizando que el «paraguas» de la impunidad siga abierto sobre los criminales de cuello blanco.
