El lunes pasado, con las Pascuas de Resurrección recién terminadas, el gobernador Osvaldo Jaldo decidía dar una conferencia de prensa, luego de un trágico fin de semana extra largo. En esa conferencia el mandatario, además de dar sus condolencias por las 3 muertes resultantes de la terrible inundación, les daba a los tucumanos una pésima noticia: qué el gobierno (palabras más, palabras menos) iba a seguir por el mismo rumbo y gestionando de la misma manera en que lo viene haciendo.
En esa oportunidad, Jaldo habló del ajuste del Gobierno Nacional al que acompaña, y en su discurso autolegitimante destacaba el «pago de sueldos» y el mantenimiento de «la paz social», como los puntos principales de su gestión de gobierno.
Exactamente una semana después, mientras el mandatario daba otra conferencia de prensa, Infantería reprimía a los vecinos de Lamadrid qué habían osado hacer una manifestación en la Ruta Nacional 157.
Cuando se analiza las posturas de los gobiernos frente al uso de la fuerza pública hay una máxima demasiado simple: Cuando el gobierno no la rechaza públicamente, la avala y la legitima. En caso contrario, la repudia enfáticamente.
Ayer el gobierno confirmó lo que se sospechaba: que está dispuesto a sostener la gobernabilidad utilizando las fuerzas de seguridad para reprimir a todos aquellos que se atrevan a intentar hacer valer su constitucional derecho a la protesta. Algo que se intuía desde la represión a los trabajadores bancarios en Concepción, que tomó mayor fuerza como hipótesis con el provocativo despliegue policial obsceno para intimidar al Colectivo de Mujeres que marchó el pasado 8 de marzo en Plaza Independencia; y que lamentablemente se confirmó con la represión de ayer en La Madrid.
Pero hay algo peor que la voluntad política de mandar a reprimir protestas legítimas: la decisión consciente y deliberada de no hacerse cargo de impartir esa orden. Porque en el fondo, en la conducción del gobierno ni siquiera tienen la firmeza y la sinceridad que tienen en el Gobierno Nacional cuando implementan y defienden la «mano dura» o el «protocolo antipiquetes».
Pero hay que darle algo de crédito al gobierno: no discrimina a la hora de reprimir: ayer reprimió a familias de sectores populares en situación de vulnerabilidad y en diciembre lo hizo con trabajadores en relación de dependencia y sindicalizados. Si la represión a fin de año estaba legitimada por la mayoría de la clase política, que en silencio convalidaba el castigo a los bancarios por el solo hecho de protestar o de ser parte de un gremio combativo que suele interpelar al poder político, la silenciosa complicidad para con los hechos de ayer es mucho peor.
Ayer se reprimió a vecinos del departamento de Graneros, que es justamente el departamento donde mayor fidelidad electoral hay para con el oficialismo, elección tras elección pese a inundación tras inundación. Solo en los comicios del año pasado, con Jaldo como cabeza de lista testimonial el oficialismo tucumano cosechó el 75% de los sufragios. A las claras, el gobierno no hace distinciones ni consideraciones de ningún tipo a la hora de mandar a meter palos y balas.
Existe otro punto indignante. La policía que reprimió ayer es la misma que le pidió «permiso» a «Pichón» Segura para detenerlo tras agredir al diputado Pelli en esa misma ruta. O, mejor dicho, seguramente recibieron órdenes de la misma autoridad política.
El relato oficial ha empezado a crujir bajo el peso de la realidad. Hoy el gobernador debe entender dos cosas. Primero, que la gobernabilidad no se declama en conferencias de prensa mientras la paz social se desangra en el territorio. Y segundo, que cuando los límites a la política o a la protesta los establecen las balas de goma y los gases, lo que queda es una democracia ficticia: un decorado institucional que solo se sostiene por la fuerza, algo bastante parecido a una tiranía.
