Mientras el tucumano de a pie hace malabares para sobrevivir, en la Comuna Rural de San Felipe y Santa Bárbara aparecen nuevas observaciones sobre el manejo de fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas de Tucumán, mediante el Acuerdo N° 3394, con intervención del Dictamen N° 2319/26 de Asesoría Jurídica, puso bajo la lupa fondos por más de $1.100.000 vinculados a la administración comunal.
La cifra puede parecer menor frente a otros expedientes millonarios, pero el problema de fondo es mucho más grande: cada peso observado es dinero público que exige explicaciones y rendición de cuentas.
Mientras una familia tucumana puede verse obligada a vender una bicicleta para poder pagar la boleta de EDET, o desprenderse de una heladera para poner comida sobre la mesa, en algunas administraciones comunales la sensación parece ser otra: como si los recursos públicos fueran infinitos y la obligación de explicar dónde terminan los pesos pudiera esperar.
El contraste resulta obsceno.
De un lado, trabajadores, jubilados y familias ajustando hasta el último peso para pagar luz, alimentos y servicios. Del otro, expedientes, observaciones y fondos públicos que terminan bajo la lupa de los organismos de control.
¿Quién controla realmente que cada peso llegue a donde tiene que llegar?
Porque los fondos públicos no pertenecen a los funcionarios ni a los jefes comunales. Son de todos los tucumanos.
El Tribunal de Cuentas observa. Asesoría Jurídica dictamina. Los expedientes avanzan. Pero para el ciudadano común queda una sensación cada vez más instalada: “acá no pasó nada”.
La fiesta con plata ajena no puede convertirse en una costumbre.
Viva la pepa, parece ser la regla cuando se trata de administrar recursos que salen del bolsillo de los tucumanos.
Ahora deberán llegar las explicaciones correspondientes y determinarse las responsabilidades que eventualmente correspondan. Porque administrar fondos públicos no es un privilegio: es una responsabilidad y una obligación de rendir cuentas.
