La crisis estructural que atraviesan los centros e instituciones que asisten a personas con discapacidad en Tucumán alcanzó un punto crítico debido a las demoras sistemáticas en las cadenas de pagos por parte de los organismos nacionales y las obras sociales. En las últimas horas, un fallo judicial ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación regularizar la liquidación de los fondos adeudados en un plazo perentorio de 72 horas.
En este complejo escenario, el presidente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad, Gustavo Anastasio, dialogó con radio LV12 y analizó el alcance de la resolución judicial. Al respecto, aseguró que la medida dispuesta por los tribunales “es un elemento más para mostrar que teníamos razón desde el principio de que la situación era caótica”.
Deudas a valores históricos y corte de prestaciones
Anastasio precisó que gran parte de los establecimientos locales se encuentran desfinanciados debido a que no percibieron las prestaciones correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero. “Estamos llegando a mitad de año y todavía hay pagos pendientes desde noviembre”, afirmó ante el medio radial, poniendo de relieve el desfasaje financiero que sufren las entidades prestadoras.
Asimismo, el dirigente alertó que las consecuencias de la falta de financiamiento dejaron de ser una amenaza administrativa para convertirse en una realidad que afecta directamente la atención de los pacientes: “Ya se están cerrando servicios en Tucumán”, advirtió de manera tajante.
Cierre de sedes y reubicación de pacientes
Para ejemplificar la gravedad de la situación, el titular de la cámara reveló que un importante establecimiento de la provincia se vio obligado a clausurar recientemente una de sus sedes operativas. “Están reubicando a aproximadamente 90 chicos”, indicó, señalando que la contracción en la oferta de servicios disponibles impacta de manera perjudicial tanto en las familias de las personas con discapacidad como en los puestos laborales de los profesionales y trabajadores del sector.
De acuerdo con las cifras aportadas por Anastasio a LV12, la red de contención en la provincia está conformada por unas 92 instituciones categorizadas que brindan cobertura y terapias a un universo de cerca de 10 mil pacientes. “Estamos hablando de un número realmente importante que puede verse afectado”, remarcó.
Finalmente, el referente aclaró que si bien las normativas vigentes dispusieron que los aranceles comiencen a actualizarse en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el principal obstáculo actual radica en el diferimiento crónico de las transferencias. “La deuda se cobra a valores históricos y no actualizados”, concluyó, exponiendo la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los fondos debido a los meses de retraso.
