En una provincia donde miles de familias hacen cuentas para llegar a fin de mes, donde el sector privado reclama menos impuestos y más oportunidades de trabajo, la dirigencia política vuelve a quedar bajo la lupa por el tamaño de sus estructuras de asesores.
Las críticas apuntan al legislador Mario Leito, sobre quien circulan cuestionamientos por contar con más de 84 asesores en la Legislatura de Tucumán. Entre las denuncias y señalamientos públicos se menciona la presencia de familiares, la esposa, amigos, un chofer, un ahijado e incluso personas vinculadas al entorno del chofer.
Más allá de los nombres, el debate de fondo es inevitable:
¿Es razonable sostener una estructura de semejante magnitud con recursos públicos mientras la sociedad enfrenta dificultades económicas?
Para muchos ciudadanos, este tipo de situaciones representan precisamente aquello que la política prometió dejar atrás: una estructura donde los cargos públicos parecen responder más a vínculos personales que a criterios de mérito, experiencia o necesidad institucional.
La demanda social es cada vez más clara: mayor transparencia, publicación de las nóminas completas de asesores, funciones específicas, asistencia efectiva y rendición de cuentas sobre el uso del dinero público. En tiempos de ajuste para gran parte de la población, el manejo de los recursos del Estado también debe estar sujeto al máximo escrutinio.
Cuando la confianza en las instituciones se deteriora, no alcanza con discursos. La ciudadanía exige explicaciones, información pública verificable y un compromiso real con la austeridad y la transparencia.
