El legislador Claudio Viña vuelve a quedar bajo la lupa por el abultado número de asesores que integran su equipo. Según la información difundida, serían 57 asesores destinados a asistir su tarea legislativa, una cifra que despierta fuertes cuestionamientos sobre la necesidad, la eficiencia y el costo que representa para los contribuyentes tucumanos.
La composición del plantel tampoco pasa inadvertida: 13 asesores pertenecen a la Categoría 1, la más alta dentro de la estructura, además de personal de Categoría 2 y Categoría 3. Esto implica una masa salarial significativa financiada con recursos públicos, en una provincia que enfrenta problemas económicos, sociales y de infraestructura.
La discusión no se limita únicamente al número de colaboradores.
También resurge el debate sobre la trayectoria política de Viña, quien ha sido identificado en distintos momentos con diversos espacios de poder provincial. Sus críticos sostienen que esos cambios reflejan una marcada adaptación a las circunstancias políticas, mientras que sus defensores podrían interpretarlos como parte de la dinámica propia de la actividad política.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma:
¿Realmente un solo legislador necesita 57 asesores para cumplir con su función?
En un contexto de restricciones económicas, la ciudadanía reclama mayor austeridad, transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de cada peso del presupuesto público.
Mientras se exige esfuerzo a los tucumanos, el legislador ex bussita, ex ultraalfarista y hoy supuestamente opositor al oficialismo con asistencia perfecta se pasea todas las tardes en el local gastronómico de CASAPAN de la esquina de la calle Marco paz y esquina Salta.
Por lo tanto, el crecimiento de las estructuras políticas continúa alimentando el malestar social y la sensación de que la dirigencia vive bajo reglas distintas a las del resto de la población.
