Mientras miles de tucumanos hacen malabares para llegar a fin de mes, una comuna rural quedó en el centro de la escena por el manejo de fondos públicos. El Tribunal de Cuentas de Tucumán dispuso iniciar un Juicio de Cuentas contra la Comuna Rural de Villa Belgrano por una observación que asciende a $68.977.685,11.
El dato surge del Expediente N.º 2488-270-RCCR-2025, en el que, mediante Acuerdo N.º 5043, el Tribunal de Cuentas resolvió iniciar el procedimiento contra la Comuna Rural de Villa Belgrano ante la falta de regularización del Comprobante de Observación N.º 2162, correspondiente al 5.º BIM/2025, por un monto de $68.977.685,11.
La cifra no es menor. Son casi 69 millones de pesos que quedaron bajo la lupa del organismo de control y que, según lo señalado en el expediente, no fueron regularizados en los términos requeridos.
Casi $69 millones bajo observación.
¿Qué controles existen sobre los recursos que administran las comunas rurales y qué ocurre cuando las rendiciones no logran ser regularizadas?
En una provincia donde muchas familias deben elegir entre pagar servicios, comprar alimentos o incluso desprenderse de bienes básicos para afrontar los gastos cotidianos, que una administración pública tenga observaciones por una suma cercana a los $69 millones genera, como mínimo, un fuerte reclamo de explicaciones.
La cuestión no es solamente contable. Cada peso observado pertenece al Estado y, por lo tanto, a los tucumanos.
El festival de los fondos públicos
La situación vuelve a alimentar el malestar de quienes sostienen que en determinadas estructuras del Estado existe una distancia cada vez mayor entre la realidad de los vecinos y la administración de los recursos públicos.
Mientras el ciudadano común ajusta hasta el último peso, las administraciones públicas están obligadas a rendir cuentas de manera clara, documentada y transparente.
No se trata de demonizar a las comunas rurales ni de anticipar responsabilidades que deberán determinarse dentro del procedimiento correspondiente. Se trata de exigir algo mucho más básico: que los fondos públicos tengan destino, respaldo documental y rendición.
El Juicio de Cuentas deberá determinar las responsabilidades que correspondan. Pero el dato político y social ya está instalado: casi $69 millones quedaron en el centro de una observación que todavía espera respuestas.
Y en Tucumán, donde para muchas familias llegar a fin de mes se convirtió en una verdadera batalla, la pregunta resulta inevitable:
¿Por qué para algunos administradores públicos los millones parecen ser apenas números en un expediente, mientras para los tucumanos de a pie cada peso cuenta para poder poner un plato de comida sobre la mesa?
