Una celebración privada volvió a poner bajo la lupa a la dirigencia catamarqueña. Eduardo Niederle, ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, festejó sus 60 años con una celebración que, según versiones difundidas por medios locales, habría superado los $100 millones.
Catamarca muestra, una vez más, dos realidades que parecen caminar por veredas completamente diferentes.
De un lado, trabajadores, jubilados y familias que deben hacer malabares para llegar a fin de mes. Del otro, una fiesta de dimensiones millonarias protagonizada por un funcionario de alto rango del Gobierno provincial.
Eduardo Niederle cumplió 60 años y decidió celebrarlo a lo grande.
El festejo habría reunido a unos 250 invitados en una quinta de Fray Mamerto Esquiú, con un despliegue que incluyó catering, bebidas de alta gama, pantallas LED, música en vivo y souvenirs personalizados.
La cifra que encendió la polémica es contundente: más de $100 millones.
Solo el catering habría sido calculado en unos $250.000 por persona, lo que representaría aproximadamente $62,5 millones para 250 invitados. A eso se sumarían el resto de los servicios y gastos del evento.
¿De dónde salió la plata?
Esa es la pregunta que atraviesa toda la polémica. Una fiesta privada no constituye, por sí misma, una irregularidad. Un funcionario puede disponer legítimamente de su patrimonio y celebrar su cumpleaños como considere. Pero cuando se habla de una celebración cuyo costo estimado supera los $100 millones, resulta razonable preguntar cómo fue financiada.
¿Fue íntegramente con dinero personal?
¿Hubo aportes de empresarios?
¿Participaron proveedores o contratistas vinculados al Estado?
Por eso, la discusión no debería quedar solamente en el lujo de una fiesta, sino avanzar hacia una pregunta mucho más importante: ¿existe algún vínculo entre los asistentes, los negocios con el Estado y el financiamiento de semejante celebración?
Una postal que incomoda
La polémica crece porque entre los invitados mencionados aparecen dirigentes políticos, funcionarios, legisladores y empresarios vinculados al Estado. También fue señalada la presencia del gobernador riojano Ricardo Quintela y del vicegobernador catamarqueño Rubén Dusso, aunque algunas de esas identificaciones tampoco fueron confirmadas oficialmente. ([El Federal Online][1])
Y ahí aparece la verdadera discusión.
Mientras una parte de la sociedad discute cómo pagar alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, una celebración de estas características se convierte inevitablemente en una postal del contraste social.
Catamarca no puede ser una provincia para los que cuentan las monedas y otra para los que cuentan millones.
Nadie cuestiona el derecho de una persona a festejar sus 60 años. Lo que la sociedad tiene derecho a preguntar es otra cosa:
¿Quién pagó una fiesta que habría costado más de $100 millones?
Si fue patrimonio personal, que se explique y se termine la discusión.
Si hubo aportes privados de empresarios o proveedores del Estado, también sería saludable conocerlo.
Porque cuando se mezclan poder político, grandes empresarios, proveedores estatales y celebraciones millonarias, el silencio deja de ser una respuesta.
En una provincia donde la pobreza y las dificultades económicas forman parte de la vida cotidiana de miles de familias, una fiesta de más de $100 millones no es solamente un cumpleaños: es una pregunta política que todavía espera respuesta.
