El allanamiento a la sede de AETAT generó sorpresa alterando la tranquilidad de la mañana. La medida judicial, que buscaba documentación clave para la causa, es el resultado de una gravísima denuncia penal presentada por el empresario Sergio Alejandro Sansone (titular de El Rayo Bus SRL), con el patronicio del abogado Amancio Lucio Petray.
El escrito, que apunta contra la cúpula de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, no solo denuncia irregularidades administrativas, sino que solicita investigar una presunta asociación ilícita destinada a la manipulación de fondos públicos.
La presentación judicial se dirige específicamente contra Jorge Berreta, Daniel Orell ,y Luis García, fundamentalmente. El denunciante solicita que se investigue el presunto mal uso de subsidios que totalizan aproximadamente $5.900.000.000 mensuales, sumados a otros aportes de $1.500.000.000.
La acusación principal se encuadra en el Artículo 210 del Código Penal, que reprime a quien tomare parte en una «asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos».
Ejes de la acusación: «Doble contabilidad» y manejo de fondos
La denuncia presentada por Sergio Sansone sostiene que existe una maniobra de doble contabilidad y ocultamiento dentro de AETAT, señalando que los balances anuales no reflejan los ingresos por subsidios que superan los $7.500.000.000 mensuales. Según el texto, esta falta de transparencia se agrava con la detección de cheques con firmas falsificadas que nunca llegaron a las empresas destinatarias, lo que evidenciaría una manipulación directa de los fondos de la asociación.
Asimismo, el demandante cuestiona la distribución arbitraria de los recursos públicos, afirmando que, a pesar de lo establecido por la Ley 9.773, el reparto queda a discreción de los directivos Berreta, Orell y García. Finalmente, la acusación advierte sobre presiones para contratar un sistema de boleto electrónico bajo «supuestas urgencias», ignorando que las empresas ya invirtieron un millón de dólares en tecnologías propias más eficientes y económicas.
«He detectado que algunos de estos cheques presentaban una falsificación de la firma autorizada de mis empresas, lo cual constituye un delito grave y evidencia una manipulación de los fondos de la asociación», asevera Gómez Sansone en la denuncia que impulsó haciendo tambalear el imperio construido por Jorge Berreta.
Finalmente, el denunciante pone bajo sospecha la urgencia de la conducción por implementar un sistema de boleto electrónico, asegurando que se han hecho «caso omiso de propuestas alternativas» en las que las empresas ya tienen invertido un millón de dólares y que tendrían costos significativamente menores.
Hacia el cierre del petitorio, el denunciante solicita que la Justicia libre oficios al Banco Macro para rastrear la totalidad de los cheques emitidos por AETAT y que el Gobierno de la Provincia informe los montos exactos de los aportes mensuales entregados a la asociación.
Sansone ha solicitado formalmente ser aceptado como querellante particular en esta causa que, tras el procedimiento policial de hoy, entra en una etapa decisiva para el futuro del transporte público en Tucumán.
