El escándalo que rodea al subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, Antonio «Tony» Bustamante, sumó un nuevo capítulo luego de ser analizado en el programa El Avispero, donde se profundizó sobre las derivaciones políticas e institucionales del caso.
Durante la emisión se recordó que la revelación inicial del viaje fue realizada en la red social X por Germán García Hamilton, panelista de El Tucumano, quien difundió la información sobre las vacaciones que Bustamante realizó en Europa mientras se encontraba de licencia oficial.
El funcionario utilizó una licencia entre el 11 y el 26 de junio para concretar un viaje valuado en alrededor de 20 mil dólares, que incluyó un recorrido en motocicleta por los Alpes y la asistencia a una carrera de Fórmula 1.
Para los conductores, la situación adquiere una fuerte dimensión política porque contradice el mensaje de austeridad que el gobernador Osvaldo Jaldo había transmitido públicamente al asegurar que los funcionarios provinciales no viajarían al exterior, más precisamente al mundial, en el actual contexto económico.
Incluso, durante la emisión exhibieron imágenes en las que Bustamante, al advertir que estaba siendo filmado durante su estadía en Europa, intenta ocultarse de la cámara, una escena que rápidamente se viralizó y alimentó la controversia.
No obstante, el aspecto que mayor preocupación generó en el análisis periodístico fue el presunto vínculo entre ese episodio y una serie de decisiones administrativas adoptadas por la Caja Popular de Ahorros.
Según se planteó en el programa, apenas días después de que El Tucumano publicara fuertes críticas contra la institución, las empresas pertenecientes al empresario Julio Valenzuela habrían recibido una pauta oficial superior a los 190 millones de pesos. A ello se suma otra decisión de alto impacto institucional: el levantamiento de una demanda por daños y perjuicios que la propia Caja Popular mantenía contra El Tucumano, medida que habría sido autorizada por Bustamante.
Los periodistas señalaron que la simultaneidad entre ambas decisiones abre serios interrogantes sobre los criterios utilizados para la asignación de recursos públicos y la estrategia judicial del organismo, además de alimentar sospechas sobre una eventual utilización de la pauta oficial como herramienta de negociación con medios de comunicación.
La secuencia deja una paradoja difícil de soslayar. Tras realizar un viaje que contradijo el mensaje de austeridad del Gobierno, autorizar una millonaria pauta oficial y avalar el desistimiento de una demanda contra el Tucumano, Bustamante terminó siendo expuesto públicamente por un panelista de ese mismo grupo periodístico. Un desenlace que volvió a poner en el centro del debate el manejo de los recursos públicos y la relación entre el poder político y los medios de comunicación.
