Una acción de amparo presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación expone el colapso del sistema republicano en la provincia.
Señalan a Osvaldo Jaldo, Daniel Leiva y Edmundo Jiménez como los responsables de una estructura de dominación que culminó en la violencia policial contra vecinos vulnerables de Lamadrid.
La provincia de Tucumán se encuentra en el centro de un escándalo institucional de dimensiones nacionales. Una acción de amparo federal, con medida autosatisfactiva, ha sido solicita formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por la abogada Myriam Costilla para que el Máximo Tribunal declare el “quiebre de la forma republicana de gobierno” y pida al Congreso la “Intervención Federal” de la provincia.
El 1 de Marzo 2025: El «Día Infame»
La denuncia identifica un punto de inflexión histórico: el “1 de marzo de 2025”. Durante la apertura de sesiones legislativas, el Gobernador Osvaldo Jaldo proclamó la «unión absoluta de los tres poderes». Este acto, calificado como una «confesión de autocracia», es el pilar de la acusación que encuadra a los responsables bajo el Artículo 29 de la Constitución Nacional, que sanciona a quienes otorgan la suma del poder público como «infames traidores a la patria». Ningún legislador provincial pido explicaciones del tamaño accionar.
Leiva, Jaldo y Jiménez enfocados en el pasado, leen el Diario de Irigoyen mientras la provincia se inunda y la represión policial continúa.
El «Triunvirato Autocrático»
La acción judicial señala que la provincia es manejada por una estructura tripartita que anula cualquier contrapeso institucional:
Osvaldo Jaldo Gobernador quien ejerce el mando político y presupuestario sin controles, utilizando a la Legislatura como una «escribanía de lujo».
Dr. Daniel Leiva (Presidente de la Corte Suprema local), señalado como el operador político que garantiza la impunidad judicial de los actos gubernamentales.
Dr. Edmundo «Pirincho» Jiménez (Ministro Público Fiscal), denunciado por detentar el control absoluto de la acción penal, utilizándola como instrumento de disciplinamiento político, cuyo máximo exponente es el caso del Dr. Gustavo Morales hoy sometido a tortura psicológica con censura extrema de 6 años, lo cual motiva observaciones por parte de Naciones Unidas.
Un caso de Censura Extrema: Dr. Gustavo Morales no puede ejercer ni su Derecho a Réplica durante 6 años
Lamadrid: Represión en lugar de Asistencia
El hecho más reciente y doloroso que fundamenta la urgencia del pedido es la “represión a los inundados de Lamadrid”. Mientras la provincia mantiene la Legislatura más cara del país (con un presupuesto de $134.037 millones), las obras hídricas prometidas hace tres décadas siguen sin ejecutarse.
El abandono en primera persona: ‘La gente es la que ayudó, no pasó nadie del gobierno’, relata Víctor, vecino de Tucumán, tras las devastadoras inundaciones.
El pasado 13 de abril, vecinos de Lamadrid que reclamaban asistencia tras perderlo todo por el agua fueron reprimidos por fuerzas policiales. La denuncia subraya que este «atropello» se cometió sin jurisdicción, dado que los hechos ocurrieron sobre la Ruta Nacional 157, ámbito de competencia federal. «Ante la desidia, mandan reprimir al vulnerable», sostiene el texto de la demanda, vinculando directamente al «triunvirato» con la orden de movilizar las fuerzas represivas.
Denuncian avance ilegal de la policía tucumana: En medio de la desesperación por las inundaciones, civiles fueron repelidos por uniformados en un área fuera de su área de competencia, profundizando el conflicto social en la región.
Pedido de Auxilio a la Nación
La presentación ante la CSJN afirma que Tucumán funciona como un «estado feudal de facto» donde la justicia local es el escudo de los victimarios. Se solicita, además de la intervención, una “Veeduría Federal” para auditar los fondos públicos y garantizar que se reasignen a obras hídricas urgentes, junto con el cese inmediato de la criminalización de la protesta.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Dr. Carlos Rosenktantz, Dr. Horacio Rosatti y Dr. Ricardo Lorenzetti (este último recusado con causa en sus fuertes vínculos de amistad con los vocales de la Corte Suprema de Tucumán).
«Cuando la autonomía provincial se usa para amparar la suma del poder público y la represión, la Nación debe intervenir», concluye el planteo de la abogada Myriam Costilla el cual ahora está radicado en los despachos de la máxima instancia judicial del país.
