Mientras las aguas turbias del sur tucumano vuelven a reclamar las pertenencias y la dignidad de los vecinos de «Lamadrid», una pregunta recorre las calles embarradas: ¿Quiénes permiten que el desfalco sea el destino de los fondos para obras hídricas? La respuesta conduce, a los despachos de la justicia federal y, muy especialmente, a la firma del fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz.
Sentados frente a la muerte que el agua dejó a su paso, los vivos custodian el eco de los que ya no tienen voz. En esa sala, donde el aire pesa como el lodo, la justicia parece un documento mojado que ya nadie puede leer
La impunidad como sentencia de muerte
No es la lluvia la que inunda a Tucumán; es el «archivo».
La responsabilidad de Vehils Ruiz en la tragedia de los inundados no es pasiva, sino determinante. Al «mandar a archivo» sistemáticamente las denuncias sobre el desvío de fondos públicos y desfalcos millonarios, el fiscal no solo clausura expedientes, sino que sella el destino de miles de ciudadanos que quedan a merced de la desidia climática y financiera. El Fiscal Federal Sentencio que tan solo hubo «displicencia».
Cada vez que un desfalco desaparece de la vista judicial por decisión de su fiscalía, se detiene una obra, se anula un canal y se profundiza el lecho de los ríos que terminan en el living de las casas de Lamadrid.
Juzgados Federales de Tucuman, donde esta el despacho de Vheils Ruiz quien archivo del desfalco de fondos por unos $39.485 millones y que investiga PROCELAC
La conexión entre la corrupción financiera y la tragedia climática no es casual. Documentos judiciales ante la Corte Suprema de la Nación, denuncian la existencia de una «Estado-latría parasitaria» que prioriza presupuestos de «Banca de Oro» —estimados en $2.735 millones por legislador— por sobre la ejecución de planes hídricos vitales postergados por décadas.
Fiscal Diego Velazco Fiscal responsable de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos es una unidad especial de investigación dependiente de la Procuración General de la Nación en Argentina
La responsabilidad de la justicia federal, y específicamente del fiscal Federal Vehils Ruiz, es cuestionada por su rol en la falta de investigación en relación a la falta de trazabilidad de fondos públicos. Investigaciones preliminares de la «PROCELAC» -al mando del Fiscal Diego Velazco-, han revelado un patrón de extracciones millonarias en efectivo mediante «cheques ventanilla» en municipios como: Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules, por un monto total que superaría los $39.485 millones. Estos fondos, que deberían haberse destinado a infraestructura para evitar inundaciones, habrían sido desviados presuntamente hacia campañas electorales bajo la mirada esquiva de la fiscalía.
Bajo la lupa de Yofre. Esta captura de seguridad, difundida por el ex titular de la SIDE y actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia, revela el momento exacto en que un nutrido grupo de personas, -cadetes de la policía de Tucumán-, se concentró frente al Banco Macro en Tucumán. La escena, ocurrida en junio de 2023, ha cobrado relevancia un año después como parte de los señalamientos sobre manejos de dinero en efectivo en la provincia.
Lamadrid: Represión como respuesta al abandono
El drama de los inundados en Lamadrid no solo es hídrico, es institucional. Mientras el fiscal Federal Vehils Ruiz es señalado por «mandar a archivo» denuncias de desvío de fondos, los vecinos que reclaman por el incumplimiento del Plan Hídrico Estratégico sufren la criminalización de la protesta.
La Corte Suprema de la Nación debería enviar una Veeduría Federal para auditar los a la Justicia Federal, al despacho de Vehils Ruiz y también investigar si fondos del Poder Legislativo también están implicados en redes de lavado de activos y garantizar que las partidas se reasignen a las obras hídricas postergadas por 30 años.
Una imagen que retrata la vulnerabilidad y la fuerza de quienes lo perdieron todo en medio de las inundaciones en Tucumán, abandonan sus hogares en lancha y canoas
La remoción de Rafael Vehils Ruiz no es solo un pedido de justicia, sino un clamor de supervivencia para un pueblo que ve cómo sus recursos y sus hogares desaparecen bajo el agua. Cuyo último eslabón de la cadena es la Represión policial provincial.
Entre el barro y la fuerza: El reclamo de familias de Lamadrid que lo perdieron todo por las lluvias, fue recibido con un despliegue de seguridad desmedido, dejando en claro las prioridades de la gestión actual del Gobernador Osvaldo Jaldo.
La responsabilidad del fiscal Federal Vehils Ruiz también se extiende a la violencia institucional ejercida sobre los vulnerables.
Su inacción ante el desvío de fondos colabora a dejar a los vecinos sin más opción que la protesta, la cual es respondida con la represión policial que el mismo sistema judicial que él integra termina validando.
En Lamadrid, la policía actúa sobre rutas nacionales bajo una jurisdicción que la justicia federal de Vehils Ruiz ha cedido en favor del control social por parte del Gobierno Provincial en un acto de desaprensión y abandono de las fuerzas federales a quienes piden ayuda desesperadamente.
La figura de Vehils Ruiz ya no puede ser vista simplemente como la de un funcionario ineficiente.
Es, por omisión y acción procesal, el gran responsable de que Tucumán viva en un ciclo eterno de barro e impunidad. Su remoción no es un trámite administrativo; es la única posibilidad de que el «Mercado del Silencio» quiebre y las obras finalmente lleguen antes que el agua.
La Pluma Viral: Denunciando el pacto de impunidad que nos inunda.
