El 29 de abril de 2025, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se presentó espontáneamente en la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit. Con documentos y testimonios, Martínez Salazar Pérez relató cómo Luis Alejandro Ontiveros, a quien identificó como “sobrino” del camarista federal Mario Leal, le habría ofrecido un fallo favorable en una causa que afectaba a su hijo, Jerónimo Martínez Parada, investigado en Catamarca, a cambio de una coima.
Pasaron 11 meses desde ese acto y a raíz de numerosos planteos de la defensa de Ontiveros y de falta de definiciones acerca de quién debía llevar adelante la investigación, el proceso se hizo lento. Pero esta semana se dio un paso clave: Chit solicitó la indagatoria como imputado de Ontiveros, algo que el juez federal N° 1, José Manuel Díaz Vélez, deberá resolver en los próximos días, según publica este domingo
Según la documentación a la que accedió el diario (el pedido de indagatoria ya fue comunicado a todas las partes) el Ministerio Público acusó a Ontiveros de haber solicitado hasta USD 180.000 para intervenir en resoluciones clave.
Chit solicitó la citación a declaración indagatoria de Ontiveros, acusado de tráfico de influencias agravado por haber ofrecido ejercer presión sobre la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán a cambio de sumas en dólares. Según el requerimiento, Ontiveros utilizó su relación personal, familiar y funcional con el camarista Leal para prometer resoluciones judiciales favorables en una causa penal federal.
La acusación se apoya en reuniones presenciales, mensajes de audio, chats, pericias informáticas, geolocalización, análisis de antenas, registros fílmicos y documentación judicial, y describe un entramado de cercanía que involucra a la esposa, la relatora oficial y aspirante a juez federal Solana Casella, y a los hermanos del imputado dentro del tribunal de alzada. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Ontiveros realizó al menos tres ofrecimientos concretos entre marzo de 2023 y abril de 2025, solicitando USD 100.000 primero y USD 80.000 después, con el objetivo de influir en decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán: primero respecto del auto de mérito, y luego en relación con un pedido de prisión preventiva. Hasta el momento ni Casella, ni Leal, ni los hermanos de Ontiveros están bajo investigación formal.
Cómo se inició la investigación
En su denuncia original, Martínez Salazar Pérez, representado por el abogado Juan Andrés Robles, dijo que había sido contactado reiteradamente por Ontiveros, quien se presentaba como una persona con llegada directa al camarista Mario Leal, asegurando que su esposa, Casella, es relatora de la vocalía y que contaba con información privilegiada sobre los expedientes. El denunciante aportó audios, mensajes, fotografías, videos y exportaciones de chats.
Según la denuncia, el primer contacto presencial ocurrió en marzo de 2023, en un bar ubicado en el microcentro tucumano. Ontiveros habría llegado a la reunión por intermedio de un compañero de trabajo del denunciante en la entonces AFIP, hoy ARCA.
En ese encuentro, Ontiveros le pidió al denunciante que apagara su teléfono celular y luego le manifestó que, a cambio de USD 100.000, podía “encargarse del sobreseimiento” de su hijo, según la denuncia. Para dotar de verosimilitud a su ofrecimiento, aseguró que su esposa trabajaba como relatora del camarista Mario Leal, relató el denunciante.
La fiscalía logró corroborar con precisión la fecha, el lugar y la existencia de esa reunión. A través del peritaje al teléfono de Ontiveros, se halló una fotografía tomada el 10 de marzo de 2023 a las 12.37, cuyos metadatos ubicaron el dispositivo en la cuadra exacta donde funciona el bar. El análisis de antenas telefónicas realizado por la PFA y Gendarmería Nacional confirmó impactos de ambos abonados en celdas cercanas.
El fiscal destacó que esa reunión se produjo el mismo día en que el Juzgado Federal de Catamarca dictó el auto de mérito en la causa donde estaba imputado el hijo del denunciante, aunque antes de que la resolución fuera notificada.
Quién es Ontiveros y cómo se presentaba
La investigación acreditó que Luis Alejandro Ontiveros había trabajado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) hasta febrero de 2023. Testigos confirmaron que era presentado en ese ámbito como “sobrino” de Mario Leal, denominación que también utilizaban funcionarios judiciales y administrativos. Una funcionaria del organismo declaró que el propio camarista Leal le presentó a Ontiveros como su “sobrino de corazón” y que lo tenía agendado en su teléfono como “Luis Ontiveros sobrino de Mario Leal”. Esa denominación fue clave para que el denunciante aceptara reunirse.
Luego de dos años sin contacto, Ontiveros volvió a comunicarse con Martínez Salazar Pérez el 15 de abril de 2025, citándolo a una reunión en Yerba Buena, en inmediaciones de un bar, dice la presentación. Según el denunciante, allí, dentro de un automóvil, Ontiveros le dijo: “Ya sabés cómo es esto, tenemos lo de tu hijo para resolver, son ochenta mil dólares”.
El ofrecimiento estaba vinculado a un incidente procesal, donde se discutía la prisión preventiva del imputado. Ontiveros sostuvo que su esposa tenía el expediente para relatar y que los votos estaban “tres a dos en contra”, pero que podían revertirse si el pago se concretaba de inmediato.
La fiscalía acreditó esta reunión mediante capturas de chats, imágenes encontradas en el teléfono del imputado, geolocalización precisa, análisis de antenas, y registros de cámaras. Además, se comprobó que Ontiveros utilizó un Toyota Corolla Cross blanco, dominio AF611UM, cuya titularidad corresponde al camarista Mario Leal, y sobre el cual Ontiveros tenía autorización para conducir.
Al día siguiente, siempre según el requerimiento fiscal Chit, Ontiveros envió mensajes de audio efímeros, que sólo podían escucharse una vez. El denunciante, previendo esa situación, los filmó con otro dispositivo. En uno de ellos, Ontiveros preguntaba: “Quiero saber si avanzamos o si sigue su curso”. Chit interpretó estos mensajes como una presión directa, atada a la inminencia de la resolución judicial.
El 21 de abril de 2025, Ontiveros y el denunciante se reunieron nuevamente, en un bar de Yerba Buena. Allí, el imputado explicó la modalidad final: una primera entrega y el resto quince minutos antes de la publicación de la resolución, es decir, un pago condicionado al resultado judicial, según se supo.
Este encuentro fue uno de los más sólidamente acreditados: hubo fotografías, videos, cámaras de seguridad, impactos de antenas, y geolocalización del celular de Ontiveros. Además, se estableció que llegó al lugar en una camioneta Fiat Toro, dominio AE026UD, vehículo asignado oficialmente al camarista Mario Leal por la Cámara Federal de Apelaciones. Incluso se ve a otra persona en el rodado, un hombre de edad con bastón, según la pericia, pero no se pudo determinar quién era.
En el marco de la investigación, el Ministerio Público reconstruyó el trámite de los documentos judiciales. En particular, quedó acreditado que el incidente sobre la prisión preventiva estuvo en la vocalía de Mario Leal exactamente durante los días en que se produjeron las reuniones denunciadas. Incluso se incorporaron como prueba dos proyectos de resolución, ambos firmados por Leal el 29 de abril de 2025, el mismo día en que el denunciante acudió a la Fiscalía.
La red de relaciones
Uno de los capítulos más sensibles del dictamen describe la red de vínculos entre Ontiveros y el camarista: su esposa, Solana Casella, es relatora exclusiva de la vocalía de Leal aunque se aclara que según un informe no le habían asignado a ella la causa del hijo del denunciante. Sus hermanos, Gustavo Ramón y Mario Rubén Ontiveros, se desempeñan como secretarios privados del mismo magistrado.
Ontiveros utilizaba vehículos del juez, tenía poder amplio de administración otorgado por Leal, y hasta gestionaba tarjetas de crédito a nombre del camarista, haciéndose pasar por él, con el uso incluso de billeteras virtuales. Para el fiscal, este entramado explica por qué los ofrecimientos de Ontiveros resultaban verosímiles y creíbles para el denunciante.
Durante la requisa ordenada por el Juzgado Federal N.º 2, Ontiveros intentó ocultar su teléfono, entregándolo a su hermano. Luego, ya con el dispositivo en su poder, desinstaló deliberadamente WhatsApp y Telegram minutos después de la orden judicial, según constataron los investigadores. Los peritos informaron que ambas aplicaciones fueron eliminadas el 4 de junio de 2025, lo que impidió recuperar mensajes. Para la fiscalía, este comportamiento constituye una obstrucción de la investigación y un delito adicional.
A partir de todas las pruebas colectadas, El Ministerio Público imputó a Luis Alejandro Ontiveros como autor del delito de tráfico de influencias agravado (artículo 256 bis del Código Penal), por dos hechos, en concurso real con violación de medios de prueba. El fiscal fue explícito en aclarar que, hasta el momento, no se imputó al camarista ni a otros funcionarios, aunque subrayó que Ontiveros utilizó su cercanía real con el juez para ofrecer influencias indebidas. Ahora el juez federal José Manuel Díaz Vélez deberá determinar si accede al pedido de Chit y llama a declarar a Ontiveros.
Qué dice la defensa
La defensa, representada por el abogado Miguel Ángel Pierri, y el mismo Luis Ontiveros, niegan las acusaciones, denunciando un “montaje” con fines políticos -según ellos-, para afectar la candidatura de Solana Casella como jueza federal. Sobre los audios y grabaciones: un informe pericial de Gendarmería habría calificado los audios como “inaudibles”, lo que si bien no descarta otras pruebas, pone en duda su valor por sí solo, dicen desde la defensa. Además, Casella (la relatora) alega que estaba de licencia en el periodo crítico, es decir cuando se debía resolver la situación del denunciante, lo que, según su defensa, la imposibilita de haber intervenido en la causa denunciada. Ontiveros además en notas enviadas a La Gaceta rechazó todas las acusaciones y deslindó responsabilidades tanto de su esposa como del camarista Mario Leal.
Se debe resolver una recusación
Antes de resolver el pedido de indagatoria realizado por el fiscal federal Agustín Chit, el juez José Manuel Díaz Vélez debe resolver un planteo de recusación planteado por la defensa de Ontiveros contra el propio fiscal. Deberá hacerlo luego de que él mismo fuera confirmado en la investigación por los miembros de la Cámara Federal, integrada por Ana Carina Farías, Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl, ya que los titulares, Fernando Poviña, Ricardo Sanjuan, Patricia Molteni y Marina Cossio, se excusaron de resolver por la situación de su par Mario Leal. En las últimas semanas además se conoció la renuncia de uno de los defensores de Luis Ontiveros, Camilo Atim, por lo que el acusado será representado por Miguel Ángel Pierri y algún otro abogado de su estudio.
