Dicen que en Tucumán el aire no corre, se estanca como el agua en los bajos, y que los hombres han aprendido a hablar bajito, no sea que el viento lleve el chisme a oídos que no debe.
Crónica del Naufragio Institucional y el pedido de Intervención Federal (Exp. 34/2026 CSJN)
No es una crisis política; es un evento de extinción democrática.
Lo que hoy se respira en Tucumán no es el aire de la libertad, sino el polvo asfixiante de un edificio republicano que se ha desplomado sobre sus ciudadanos. El «Jardín de la República» ha sido devorado por una maleza autocrática, transformándose en un páramo donde la ley es un eco lejano y la justicia, una fosa común. El epicentro de esta catástrofe se sitúa en el discurso del 1 de marzo de 2025.
Ese día, el gobernador Osvaldo Jaldo no pronunció un informe de gestión, sino una sentencia de muerte para la división de poderes. Al proclamar la «fusión absoluta» de las instituciones, activó la demolición de la Constitución y ha erigido un monolito de poder totalitario sobre las ruinas del Estado de Derecho.
En este escenario de desastre, el Lawfer judicial se encarna en la figura del Dr. Gustavo Morales que emerge como el primer náufrago de conciencia.
Su encarcelamiento no es un proceso legal, es un secuestro institucional; su «bozal legal por 6 años» es la mordaza de un régimen que teme a la palabra más que a la espada y que arriman la sombra de responsabilidades internacionales.
Mientras tanto, las calles de Tucumán se tiñen de un rojo recurrente.
Las crónicas anunciaron un «enero sangriento» y no fue una metáfora, sino una realidad de dagas y pólvora. La violencia de género, personificada en los nombres de Tacacho, Robles y Álvarez, son el grito silencioso de una sociedad que se desangra ante la indiferencia de un Estado que solo llega, … para levantar el cadáver.
Somos testigos de una “metástasis de opulencia” mientras el “fango de la miseria”, desnuda una asimetría social pornográfica.
Mientras el pueblo sobrevive en las grietas de la pobreza y se hunde en el desborde de los ríos, la Legislatura se erige como una torre de marfil de $134.000 millones, un búnker de privilegios financiado con el hambre de los invisibles y las obras que nunca se hicieron. Los «agujeros negros» de las arcas municipales no son errores contables; son grietas por donde se fuga el futuro de la provincia, desapareciendo en bolsos de efectivo bajo el amparo de la impunidad.
Tucumán ha dejado de ser una provincia para convertirse en un centro de detención a cielo abierto.
Con sistemas de vigilancia digital que rastrean el pensamiento crítico y cárceles como Benjamín Paz —verdaderos monumentos al tormento y al aislamiento—, el régimen ha perfeccionado la arquitectura del miedo. La fe pública ha muerto en el altar del feudalismo judicial, donde las “causas” se archivan bajo el peso de un encubrimiento sistémico.
Estamos en la «Infamia», que el tiempo se ha echado para atrás por los años treinta, pero con espías que te siguen hasta el pensamiento y dicen que los muertos no comen barro.
Llega la lluvia y el agua que se lleva los nombres…. esa agua que no viene a lavar los pecados, sino a desenterrar las miserias.
Cuando las nubes se rompen, los pueblos se vuelven islas de lodo. Esa agua que baja de los cerros no para bendecir la zafra, sino para sacar a flote la podredumbre.
Las inundaciones aquí son el grito de la tierra que ya no aguanta más desprecio. El informe adjunto al pedido de Intervención Provincial lo cuenta con dolor: escuelas que se caen a pedazos como si fueran de azúcar, puentes que se rinden ante el primer arroyo porque los cimientos se los comió la corrupción, y rutas cortadas que ya no llevan a ninguna parte.
Dicen que la democracia es un árbol que da sombra, pero en esta tierra lo que crece es una espina que nos va cosiendo los labios.
Ahí está la marca en el rostro de los que se atreven a señalar la sombra. Un golpe seco, de esos que suenan a hueso quebrado y a silencio impuesto, como el que le dieron al diputado Pelli en Monteros. No fue la mano de un loco, fue la mano de la «Jauría», de esos que cuidan el feudo como si fuera el patio de su casa. Lo marcaron para que nadie olvide que, en esta tierra, la voz tiene un precio y se paga con sangre.
—Es el «Estado Policiaco» —le habrán susurrado las sombras—. Aquí el que mira de frente, termina con la mirada en el suelo.
La República ha muerto en Tucumán. Lo que queda es un esqueleto de instituciones, un paisaje de desolación donde el ciudadano es solo una víctima a la espera de su turno y los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben declararlo. Solo una cirugía federal externa puede detener esta gangrena antes de que el olvido termine de sepultar lo poco que queda de dignidad en el norte argentino.
El último vuelo que se necesita es el oxígeno de una Intervención Federal en Tucumán.
La demanda de pedido a través de una Acción de Amparo presentada ante la Corte Suprema de la Nación no es un pedido administrativo; es un S.O.S. lanzado desde las profundidades del abismo. Es el reconocimiento de que Tucumán ya no puede sanar desde adentro, pues el cirujano es el mismo que sostiene el puñal.
Tucumán ya no es una provincia, es un entierro grande donde los vivos caminan sobre los muertos de hambre.
Aquí no hay mañana, solo un ayer que se repite como un eco en el fondo de un pozo. El que levanta la voz, se queda sin aire; el que pide pan, recibe barro. Tucumán se nos va muriendo en las manos, y nosotros no podemos quedamos aquí, quietos, esperando que el próximo viento no nos lleve también el nombre.
