La investigación por el asesinato de Érika Antonella Álvarez sumó un nuevo capítulo con la imputación de dos hombres vinculados a Felipe “El Militar” Sosa, acusados ahora de encubrimiento agravado, en una causa que, según admiten los propios investigadores, todavía presenta interrogantes y posibles derivaciones hacia otros involucrados.
Durante la audiencia realizada recientemente, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la acusación contra Jorge “Chicho” Díaz y Nicolás Navarro Flores, señalados como presuntos colaboradores en las maniobras destinadas a eliminar rastros del crimen y ocultar el cuerpo de la víctima. La decisión judicial se adoptó en el marco de una pesquisa que ya tiene a Sosa imputado por homicidio y a su ex pareja, Justina Gordillo, procesada por haber ayudado a ocultar el cadáver, suprimir el teléfono de la joven y facilitar la fuga del principal sospechoso.
La teoría del caso, sostenida por el fiscal Pedro Gallo y expuesta en la audiencia por la auxiliar Carolina Brito Ledesma, sitúa el inicio del hecho en la madrugada del miércoles 7 de enero, cuando Érika habría llegado en un Uber a la vivienda de Sosa, ubicada en calle Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. De acuerdo con los informes forenses, la joven habría sido asesinada a golpes y, posteriormente, con la intervención de terceros, se habrían desplegado acciones para borrar evidencias y trasladar el cuerpo, que habría sido ocultado dentro de una bolsa de residuos.
Respecto de Díaz, la representante fiscal indicó que habría arribado al domicilio del acusado en una camioneta con el logotipo de “Mundo Limpio”, empresa vinculada a Sosa, y que se retiró varias horas después en el mismo vehículo cargando bolsas de residuos en la caja.
Los investigadores sospechan que su rol habría estado vinculado a tareas de limpieza en la escena del crimen.
No obstante, Brito Ledesma aclaró que no se avanzó sobre la versión que lo señalaba como posible responsable de eliminar el celular de la víctima, hipótesis que surgió de los dichos de Gordillo y que el Ministerio Público consideró carente de credibilidad.
En relación con Navarro Flores, la fiscalía sostuvo que, tras recibir un llamado de Sosa, se presentó en la vivienda y permaneció allí durante varias horas, lo que hace presumir que pudo haber colaborado en la eliminación del cuerpo. En ese sentido, la acusación remarcó que no se trata solo de conjeturas, sino de “evidencias técnicas” que respaldan la imputación, motivo por el cual se solicitó la prisión preventiva por tres meses.
El abogado Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, respaldó íntegramente la postura fiscal y subrayó la doble gravedad del caso: por un lado, la violencia extrema con la que fue asesinada Érika y, por otro, el despliegue posterior de acciones para borrar pruebas y garantizar la impunidad. “No se sabe qué pasó con su ropa ni con su celular, por solo citar un ejemplo”, expresó.
Las defensas de los nuevos imputados cuestionaron con dureza los procedimientos de detención. Juan Pablo Bello, abogado de Díaz, sostuvo que el acta policial consignó que su asistido fue detenido en la vía pública, cuando en realidad, según su planteo, los efectivos habrían ingresado a una vivienda que no figuraba en la orden de allanamiento. Intentó que se declarara la nulidad del procedimiento, sin éxito.
Por su parte, Patricio Char y Candelaria Hernández, defensores de Navarro Flores, denunciaron que la versión oficial sobre una persecución policial era falsa y criticaron lo que consideraron una tendencia a construir riesgos procesales para justificar prisiones preventivas, apreciación que fue objetada por la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci. Los letrados no se opusieron a la formulación de cargos, aunque sí objetaron la solidez de la investigación. Bello aportó como elemento de descargo un audio en el que su defendido le pedía a Sosa que fuera a su domicilio a cortar el césped y cuestionó que la fiscalía se apoyara en la declaración de Gordillo mientras, al mismo tiempo, ponía en duda su credibilidad.
Char, en tanto, planteó que Navarro Flores habría estado apenas diez minutos con el acusado y se preguntó qué maniobras concretas para ocultar el cuerpo podrían haberse realizado en ese lapso. Además, remarcó que la acusación sostiene que el cadáver fue trasladado en una camioneta, pero aún no se identificó al conductor.
Ambas defensas se opusieron al dictado de la prisión preventiva, argumentando que no existían riesgos procesales suficientes y solicitando la libertad de sus asistidos o, alternativamente, la aplicación de arresto domiciliario. Char pidió además que se contemplara el estado de salud de Navarro Flores, quien padece diabetes insulinodependiente.
La jueza Apás Pérez de Nucci rechazó los planteos vinculados a la legalidad de las detenciones, aunque ordenó a la fiscalía analizar las denuncias formuladas por las defensas. Consideró que las evidencias presentadas eran suficientes para sostener las imputaciones y dispuso la prisión preventiva por tres meses para ambos acusados, recomendando que se garantice el cuidado médico de Navarro Flores.
Durante la audiencia, los imputados optaron por no prestar declaración, pero adelantaron que lo harán ante el fiscal Gallo, siguiendo el camino ya adoptado por Gordillo. Ambos manifestaron su intención de exponer su versión de los hechos en relación con lo ocurrido con Érika Álvarez, mientras la investigación continúa en busca de determinar si existieron más personas implicadas en el encubrimiento del crimen.
