Diez vecinas de la ciudad de Graneros fueron imputadas por la Justicia luego de participar en una protesta realizada para reclamar ayuda ante las inundaciones que afectaron a numerosas familias de la zona. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la intendenta municipal, Raquel Graneros, y su madre, María Alejandra Cejas, quien aseguró haber recibido amenazas durante la manifestación.
El episodio ocurrió después de las intensas precipitaciones que provocaron anegamientos y daños materiales en distintos sectores de la ciudad. En ese contexto, un grupo de mujeres se concentró frente al edificio municipal para exigir respuestas y asistencia para las familias damnificadas.
Según trascendió, la denuncia presentada por la jefa municipal derivó en una investigación judicial que avanzó durante las últimas semanas y que ahora tiene a diez vecinas formalmente imputadas.
De acuerdo con la acusación, las manifestantes habrían protagonizado hechos considerados intimidatorios durante la protesta. La Justicia resolvió formular cargos y continuar con la investigación para determinar las responsabilidades de cada una de las involucradas.
Reclamo por la asistencia a familias afectadas
Las mujeres imputadas sostienen que la movilización se produjo en medio de una situación crítica generada por las inundaciones y que el objetivo era reclamar ayuda para vecinos que habían sufrido pérdidas materiales a raíz del temporal.
El caso generó repercusiones en Graneros y en distintos sectores políticos y sociales de Tucumán.
Diversas organizaciones cuestionaron el avance judicial al considerar que se trata de vecinas que se manifestaban en busca de soluciones frente a una emergencia.
Desde esos espacios señalaron que las mujeres reclamaban asistencia para familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas y por los daños ocasionados en barrios de la ciudad tras las lluvias.
Por su parte, la investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente. La Justicia deberá analizar testimonios, registros y demás elementos probatorios para establecer si durante la manifestación existieron amenazas o conductas que constituyan un delito.
Mientras tanto, las diez vecinas permanecen imputadas en una causa que mantiene abierta la discusión sobre los límites entre la protesta social y las denuncias por presuntas intimidaciones a funcionarios públicos.
