Prestadores, profesionales, familias y personas con discapacidad se movilizaron en Plaza Independencia para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una actualización urgente de los aranceles y garantías para sostener las terapias y los servicios de asistencia.
La crisis del sector de la discapacidad volvió a ocupar el centro de la escena en Tucumán. Instituciones terapéuticas y educativas, profesionales, familiares y concurrentes se concentraron en Plaza Independencia para visibilizar las dificultades económicas que atraviesan y exigir respuestas concretas de las autoridades nacionales.
La movilización se realizó en el marco del debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Entre los principales reclamos se encuentran la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de los aranceles que reciben los prestadores y la garantía de continuidad de las prestaciones esenciales.
Aranceles atrasados y dificultades para sostener las instituciones
Uno de los puntos centrales del reclamo es el desfasaje entre los aranceles vigentes y los costos que deben afrontar las instituciones para funcionar, pagar salarios y mantener sus equipos interdisciplinarios.
Desde el sector advirtieron que sería necesaria una recomposición adicional del 30,73% para alcanzar valores que permitan cubrir adecuadamente los costos operativos.
La referente de EDAPI y CITET expresó su preocupación por la situación: «Los aranceles están muy quedados… faltaría como un 30,73% más para que el arancel alcance para los costos que implica en las instituciones poder funcionar correctamente».
A esta problemática se suma la incertidumbre sobre el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas correspondientes a 2024. Según los prestadores, la falta de previsibilidad financiera dificulta la planificación y pone en riesgo el funcionamiento de los establecimientos.
La misma referente cuestionó el cumplimiento de los compromisos oficiales: «Lo que está escrito no se cumple y si encima no queda escrito, imagínate tú».
Alertan por la suspensión de terapias
La preocupación no se limita a la situación financiera de las instituciones. Los trabajadores del sector advierten que las dificultades económicas también repercuten en la continuidad de los tratamientos y en los procesos de aprendizaje de niños y jóvenes con discapacidad.
Durante las reuniones de acompañamiento familiar, los equipos técnicos señalaron situaciones de reducción y suspensión de prestaciones externas, con consecuencias en la vida cotidiana de quienes necesitan apoyos permanentes.
El trabajador social Manuel Vallejo advirtió sobre este escenario: «Tomamos conocimiento de que muchas prestaciones de las terapias externas de los chicos están siendo suspendidas, lo que atraviesa mucho en lo cotidiano».
La continuidad de las terapias y los apoyos educativos resulta fundamental para sostener los procesos de desarrollo, autonomía e inclusión de las personas con discapacidad.
Reclaman garantías para los derechos de las personas con discapacidad
La movilización también puso el foco en las pensiones no contributivas y en las medidas de protección social. Las organizaciones manifestaron que las propuestas oficiales no responden, a su entender, a la urgencia de las necesidades del sector.
Además, cuestionaron que la falta de quórum en una sesión anterior haya demorado el tratamiento de iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad.
La jornada incluyó un recorrido por los alrededores de Plaza Independencia, una concentración y la lectura de un documento con los principales puntos del reclamo. También participaron representantes del sector de jubilados, que acompañaron las demandas.
«Es para defender nuestro derecho»
Entre los manifestantes estuvieron personas que concurren a centros de día y participan en talleres laborales. Su presencia buscó destacar la importancia de estos espacios para la inclusión social, el aprendizaje y el desarrollo de la vida cotidiana.
Uno de los jóvenes de 27 años que asiste diariamente a los talleres de EDAPI resumió el motivo de la movilización con una frase: «Es para defender nuestro derecho».
El reclamo de las organizaciones apunta a que las autoridades garanticen condiciones económicas que permitan sostener las instituciones, evitar interrupciones en las prestaciones y proteger los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
La situación mantiene en alerta a prestadores y profesionales, que reclaman medidas concretas para dar previsibilidad al sistema y asegurar la continuidad de los servicios.
