El Gobierno nacional oficializó un régimen de retiros voluntarios para empleados públicos y desató el rechazo de ATE, que marchará este miércoles 21 de octubre a la Quinta de Olivos. Rodolfo Aguiar denunció presiones sobre los trabajadores y cuestionó la prohibición de volver a trabajar en el Estado durante ocho años. El sindicato advierte sobre el impacto del ajuste, los despidos y la pérdida del poder adquisitivo.
El Gobierno de Javier Milei oficializó el régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional y profundizó el conflicto con los gremios estatales. La medida provocó una fuerte reacción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a una movilización a la Quinta Presidencial de Olivos para este miércoles 21 de octubre, bajo la consigna: “No se aguanta más”.
El sindicato rechaza el programa por considerar que puede convertirse en una herramienta para reducir la planta estatal y presionar a los empleados a abandonar sus puestos de trabajo. La protesta también incluirá reclamos por los despidos, la no renovación de contratos, el deterioro salarial y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la iniciativa y apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, afirmó el dirigente.
Retiros voluntarios: quiénes pueden adherir
El régimen fue oficializado mediante el Decreto 1023/26 y alcanza al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada y a determinados trabajadores contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, dentro del ámbito establecido por la normativa.
Según los datos difundidos por ATE, el universo potencialmente alcanzado asciende a 21.187 trabajadores.
El cronograma previsto establece que las solicitudes de adhesión podrán presentarse entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026. Sin embargo, la inscripción no garantiza la aceptación: las autoridades podrán rechazar solicitudes cuando consideren necesario preservar la continuidad y la eficacia de los servicios públicos.
Uno de los puntos más cuestionados por el gremio es la restricción que impide volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años a quienes accedan al programa. La prohibición comprende distintas modalidades de empleo y determinadas contrataciones de servicios u obra, según las condiciones previstas en el decreto.
Además, la normativa establece que la reducción de personal obtenida mediante este mecanismo no podrá utilizarse para justificar nuevas incorporaciones en los términos contemplados por el régimen.
La disposición también incluye condiciones específicas para trabajadores con mandato sindical vigente o que se hayan postulado como candidatos a delegados. Para adherir, deberán presentar la renuncia al mandato o a la candidatura, condicionada a la aceptación del retiro.
ATE denuncia presiones sobre los empleados públicos
Aguiar sostuvo que el programa no puede considerarse voluntario si los trabajadores enfrentan amenazas de desvinculación o temen perder sus ingresos y su cobertura de salud.
“Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre”, planteó el secretario general de ATE.
El dirigente también cuestionó la posibilidad de que empleados que no acepten el retiro sean pasados a disponibilidad y posteriormente despedidos.
Desde el sindicato advierten que el plan podría profundizar la reducción de las estructuras estatales y facilitar la contratación de consultoras privadas para realizar tareas que actualmente desarrollan trabajadores públicos. Se trata de una interpretación de ATE sobre los posibles efectos de la política oficial.
El régimen contempla diferentes modalidades de gratificación económica, según la edad y la situación previsional de cada empleado, con límites vinculados a la remuneración y la antigüedad computable.
Cuándo y dónde será la marcha contra el ajuste
ATE convocó a movilizarse este miércoles 21 de octubre, a las 17, hacia la Quinta Presidencial de Olivos. La elección del lugar responde, según Aguiar, a que allí se concentran decisiones políticas del Gobierno nacional.
“Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar”, expresó el dirigente sindical.
La protesta buscará visibilizar el rechazo al programa de retiros voluntarios y sumar otros reclamos vinculados con la situación de los empleados públicos.
Entre los principales puntos de conflicto aparecen los despidos, la no renovación de contratos, la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, las negociaciones paritarias y el crecimiento del pluriempleo y el endeudamiento entre los trabajadores estatales.
El ajuste estatal, en el centro del conflicto
ATE relacionó la iniciativa oficial con las políticas de reducción del Estado y recordó las consecuencias laborales y sociales que, según el sindicato, dejaron experiencias de retiros voluntarios aplicadas durante la década de 1990.
El gremio advierte que una reducción de personal sin evaluar las necesidades de cada organismo puede afectar la continuidad de servicios públicos y provocar la pérdida de trabajadores con experiencia y formación.
“Que no dejen al Estado sin su bien más preciado, que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, sostuvo Aguiar.
Con la movilización a Olivos, el sindicato busca elevar la presión sobre la administración de Milei y cuestionar el rumbo de la política estatal. El conflicto abre un nuevo frente entre el Gobierno y los gremios, en medio de las disputas por el empleo público, los salarios y el alcance del ajuste.
